Exigen esclarecer homicidio de ex alcalde de Cabo Corrientes

“Ya no se puede permitir que ser alcalde o ex alcalde en México signifique una sentencia de muerte”, afirmó el presidente de la Conamm.

Ciudad de México

Renán Barrera Concha, presidente de la Junta General de Gobierno de la Conferencia Nacional de Municipios de México (Conamm), afirmó que ya no se puede permitir que ser alcalde o ex alcalde en México signifique una “sentencia de muerte”.

El representante del organismo conformado por asociaciones y federaciones de presidentes municipales del PAN, PRI y PRD, condenó el asesinato del ex alcalde de Cabo Corrientes, Carlos Orozco Madrigal y de su chofer en el municipio de Tomatlán.

En un pronunciamiento exhortó a la Fiscalía General de Jalisco para agilizar y entregar un reporte pormenorizado de los hechos que derivaron en la muerte del ex munícipe y de su chofer.

El alcalde de Mérida recordó que en agosto pasado también fueron victimados en esa entidad el presidente Municipal de Ayutla, Manuel Gómez Torres y su escolta.

“Ya no podemos estar esperando a ver como asesinan autoridades en funciones y ex alcaldes.

Independientemente de las filiaciones partidistas, es necesario que se brinden esquemas de protección y un ambiente de libre tránsito en los municipios.

“Debe ser tarea prioritaria para la Fiscalía de Jalisco, pero también en coordinación con la Policía Federal”, agregó.

Barrera Concha hizo nuevamente un llamado al gobierno federal para crear una agenda conjunta entre los tres órdenes de gobierno para alinear las estrategias de seguridad para los municipios.

Esto con el propósito de garantizar la seguridad de las autoridades responsables de los municipios, pero también de los ciudadanos que habitan en ellos.

Reiteró que la Conamm trabaja en un protocolo de seguridad para alcaldes y ex alcaldes junto con la Secretaría de Gobernación.

Señaló que este esquema incluye con miras al proceso electoral de 2015 una serie de filtros y de información que “nos permita saber de dónde vienen las personas que pretendan gobernar en los municipios con alta presencia del crimen organizado, pues este hará todo lo posible por mantener las plazas.

“No se puede descartar que ello sea a través de colocar personas que coincidan con sus intereses e incluso financiando campañas para lograr penetrar municipios, lo que podría significar que los alcaldes protejan más a los delincuentes que proteger a la ciudadanía”, señaló.

 Barrera Concha consideró que ante el inicio del proceso electoral donde se renovarán 9 gubernaturas, 17 congresos estatales, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y más de mil cargos locales entre alcaldías y jefaturas delegacionales, es necesario y fundamental que las autoridades electorales en conjunto con la Procuraduría General de la República, inicien investigaciones de los perfiles de los candidatos que representarán a los ciudadanos.

“No podemos esperar a hacer investigaciones de los representantes de los ciudadanos (caso Iguala), hasta que sucedan hechos lamentables. Es una falla grave que partidos tengan que pedir disculpas por no haber investigado a sus candidatos”, advirtió.