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Domingo , 15.07.2018 / 17:12 Hoy

Exigen transparentar recursos en eventos de Fundidora

El activista Guillermo Martínez acudió a las oficinas del paraje público, en donde pidió una explicación a las presuntas irregularidades detectadas en el manejo del parque.


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Eduardo Mendieta

El ambientalista Guillermo Martínez Berlanga exigió cuentas claras a los administradores del Parque Fundidora, sobre la captación de ingresos de eventos y espectáculos masivos que dañan el principal pulmón de Monterrey.

El activista sampetrino acudió personalmente a las oficinas del paraje público, en donde arremetió por la opacidad ante el manejo poco claro de los recursos de operación.

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Ante las supuestas amenazas externadas por parte de Fernando Villarreal Palomo, titular de Parque Fundidora; Martínez Berlanga, pidió una explicación a las presuntas irregularidades detectadas en el manejo del parque.

“Decidimos que era importantísimo contestarle al director de Fundidora un escrito que él nos envía a 25 ciudadanos, pero se dirige directamente a mí, porque nos amenaza, dice que estamos en una situación jurídica grave por difamaciones.

“Nosotros no difamamos a nadie, los medios han publicado lo mismo, el auditor (Sergio) Marenco detectó 12 irregularidades por 40 y tantos millones de pesos; el parque, ustedes lo ven destruido y le pedimos en el escrito dos cosas, que se dirigió al gobernador con copia a él, nos contestó en forma grosera… si nos va a demandar por difamación no nos vamos a detener, a ver qué hace con nosotros en la cárcel”, indicó.

Martínez Berlanga señaló que el funcionario les respondió a los activistas que no tienen derecho a preguntar, cuestionar, ni a dudar.

A nombre propio y de 25 personas solicitó la información sobre los contratos colectivos para eventos masivos e ingresos obtenidos, mismos que no se han visto reflejados en mejoras al parque.

“Le pedimos dos cosas: que cancelara los conciertos masivos, porque el efecto de compactación de 18 mil personas a un millón al final del año y segundo, dime a quién le diste los contratos porque ni siquiera son proporcionales.

“Ante ello hacemos responsable al funcionario sobre la seguridad e integridad de nosotros como inconformes tras las amenazas intimidatorias emitidas por él”, señaló.

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