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Miércoles , 12.12.2018 / 00:43 Hoy

Empresarios deberían dialogar con familias afectadas

Silvia Ortiz, presidenta de la organización "Víctimas por sus Derechos en Acción", cree importante que los empleadores conozcan las condiciones en las que viven los hijos de desaparecidos.

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Silvia Ortiz, madre de la joven desaparecida Silvia Stephanie Sánchez Viesca, conocida como "Fanny" y presidenta de la organización "Víctimas por sus Derechos en Acción" (Grupo Vida).

Destacó que es necesario que los empresarios laguneros, que pretenden ampararse en contra de la Ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición, se reúnan primero con miembros de las organizaciones que representan a las familias afectadas, para conocer las condiciones en las que viven los hijos de personas desaparecidas.

Silvia comentó, que la desaparición de personas por efecto de la inseguridad es responsabilidad del Estado, en este sentido considera que es justo que el gobierno otorgue a los empleadores algún tipo de estímulo para que puedan financiar las prestaciones laborales del desaparecido, en beneficio de los familiares directos.[OBJECT]

Agregó que el impacto económico que traerá la ley no puede ser tan drástico, como señalan los empresarios, dado que existe poca posibilidad de que una empresa tenga que enfrentar más de un caso.

"Fingir una desaparición se nota y cada caso va acompañado de una investigación, a quien lo hiciera que se acusaría de fraude", expresó.

Los integrantes del Grupo Empresarial Lagunero (GEL), acordaron ampararse en contra de la Ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas en Coahuila, que obliga a las empresas a pagar un salario y prestaciones laborales a los familiares directos de quienes no se ubica su paradero.

Aunque señalaron que es noble el espíritu de la ley, consideran injusto que el empresario reciba toda la carga económica, cuando creen que el problema de inseguridad, que es la causa de la mayoría de las desapariciones, es responsabilidad del gobierno, por lo que esperan recibir algún subsidio o beneficio por parte del Estado.

Los empresarios manifestaron que no se puede interferir en la operación de una empresa, ya que con la nueva ley, además de pagar un salario y prestaciones laborales a los familiares directos del desaparecido, se debería contratar a la persona que lo sustituya, y que la carga financiera que implica la medida desanimará a empresas que piensen instalarse en la entidad.

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