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Lunes , 10.12.2018 / 16:53 Hoy

El regalo de Borge en la Costa Maya

Un grupo de empresarios de Nuevo León y Sonora pagó al ex gobernador de Quintana Roo 10 millones de pesos por un predio de 213 hectáreas, en una zona virgen, que tiene un costo de tres mil millones.
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Este reportaje requiere que usted cierre los ojos un momento… imagine que le ofrecen a la venta un terreno de 213 hectáreas en una zona virgen, a escasos 50 pasos del mar Caribe. Imagine el agua color azul turquesa. La fina arena blanca. La brisa tibia. El vaivén de las palmeras. Los pelícanos que pescan ahí sin que nadie los moleste. Los cangrejos que andan de aquí para allá en la arena sin perturbaciones. Cierre los ojos unos segundos e imagine. Luego abra los ojos...

Ahora imagine que el paradisiaco terreno se ubica a 20 minutos de Mahahual, uno de los centros turísticos más importantes de la Costa Maya, al sur de Quintana Roo. Imagine que el terreno cuesta alrededor de 3 mil millones de pesos, pero como usted es amigo del gobernador Roberto Borge, el precio de venta para usted y un grupo de socios es de… 10 millones de pesos. Es decir, a 5 pesos el metro cuadrado, en lugar de… a mil 414 pesos.

¡Una ganga! Un regalo frente al mar para gente regia.

Ahora bien, como usted no quiere estar a 50 pasos del mar, sino justo a la orilla, porque desea edificar un gran desarrollo turístico con miles de cuartos de hotel, y ya se imaginó la típica postal de vacaciones en el Caribe de sus futuros huéspedes procedentes de todo el mundo, no hay problema: solo hace falta comprar las 8 hectáreas del terreno de enfrente y listo: usted será dueño de casi 2.5 kilómetros de playa frente al Caribe y de un terreno de 221 hectáreas en total, manglares incluidos.

Ahora, como el remate de las playas en Quintana Roo comenzó hace muchos sexenios, resulta que las ocho hectáreas y media del terreno de enfrente pertenecen a un exitoso grupo hotelero que adquirió la propiedad con condiciones de venta envidiables en el sexenio del ex gobernador Mario Villanueva (el que acabó preso acusado de narco en México y Estados Unidos) por 8 millones y medio de pesos a pagar en tres años y sin intereses. Ahora ocurre que ese grupo, Grupo Posadas, está dispuesto a venderle a usted y sus amigos y todo se puede arreglar para que, el mismo día, faltaba más, le den la propiedad de los dos terrenos: los 2.5 kilómetros de playa de Posadas y el total de las 221 hectáreas patrimonio de los quintanarroenses.

¡Bingo! Big deal.

Esta historia que usted acaba de imaginar realmente sucedió: dos gobernadores priistas que están detenidos actualmente remataron la playa y el manglar y la propiedad acabó en manos de un grupo de empresarios, principalmente regiomontanos, aunque también de Sonora. Están incluidos nombres de familias como la Benavides, fundadora de la conocida cadena de farmacias del mismo nombre, así como dueños de medios de comunicación y reconocidos abogados.

Esta es la historia…

***

Todo comenzó con el ex gobernador priista Mario Villanueva. MILENIO obtuvo en el registro público de Chetumal copia del fideicomiso con el que el entonces gobernador entregó el predio a un grupo hotelero el 3 de agosto de 1998: fue una venta sin inversión de capital, crédito a 3 años sin intereses, pagando la deuda con las ganancias del desarrollo turístico y con la posibilidad de ofrecer el terreno como garantía para cualquier clase de créditos. En el documento el gobierno se comprometió a dar estímulos y beneficios fiscales; facilitar los permisos y licencias requeridos; y a dotar a la zona de servicios urbanos.

El fideicomiso está firmado por el gobernador Villanueva y el entonces director general de Grupo Posadas, Luis Eduardo Barrios Sánchez, y es un acuerdo para la construcción de un Desarrollo Inmobiliario en beneficio de la sociedad Hotelera Península Maya.

La venta incluía ocho hectáreas y media de terreno con casi 2.5 kilómetros de playa, donde inicialmente se construirían 80 habitaciones y posteriormente áreas deportivas y comerciales complementarias. El precio de venta del terreno fue de 8 millones 459 mil de pesos, es decir a 100 pesos el metro cuadrado.

Fue hasta el gobierno del también priista Roberto Borge que el secretario de Finanzas, Juan Pablo Guillermo Molina, extinguió el fideicomiso. MILENIO posee copia del documento expedido el 4 de febrero de 2014, donde se entregó oficialmente el terreno, en el que sí se edificó un hotel, pero después fue demolido. En el lugar se pueden ver edificios destruidos y dos piscinas en ruinas.

¿Cómo se unen las ventas de los dos terrenos a precios de remate?

La fecha clave es el 16 de abril de 2014: ese día empresarios de la sociedad Rancho La Posadita hicieron dos operaciones: compraron a Grupo Posadas las 8 hectáreas con playa por 26 millones 197 mil 200 pesos y le compraron al gobierno de Quintana Roo… las 213 hectáreas del terreno contiguo que incluye el manglar. El mismo día.

El título de propiedad expedido por el Instituto de Patrimonio Estatal estipula que la venta de 2 millones 132 mil 671 metros cuadrados, es decir, 213 hectáreas, se hizo a favor de la sociedad Rancho La Posadita, por 10 millones 633 mil 356 pesos con 45 centavos. Los compradores pagaron a 5 pesos el metro cuadrado.

“El valor que le han dado al terreno no se corresponde para nada con el precio actual de venta de terrenos en esa zona. Aquí en la Costa Maya manejamos un precio comercial en dólares”, dice Guito Vidal, un agente de bienes raíces que hace un par de meses vendió un terreno similar, de mil 400 metros cuadrados, en esa misma área, y la transacción fue de… 110 mil dólares.

Es decir, el valor del mercado es de mil 414 pesos el metro cuadrado, precio muy distante a los 5 pesos concedidos por el gobierno de Borge. Si Rancho La Posadita hubiera pagado el precio real del suelo, la suma erogada sería de 2 mil 986 millones de pesos, y no 10 millones de pesos.

Pero, ¿quiénes son los empresarios que se vieron beneficiados?

MILENIO investigó en los Registros Públicos de la Propiedad de Nuevo León y Quintana Roo los movimientos de las sociedades y personas físicas que forman parte de Rancho La Posadita, grupo que recibió el regalo playero de Borge.

De las revisión de las actas constitutivas, de los acuerdos accionistas en las asambleas, se desprenden nombres como el del abogado Bernardo Canales Fausti, sobrino de Ernesto Canales, fiscal anticorrupción de Nuevo León, quien el 12 de mayo de 2014 fue nombrado por la Asamblea de Rancho La Posadita como apoderado legal, junto con José Manuel Caballero Sillas y Pablo Enríquez Rodríguez.

El nombre de Canales Fausti también aparece en el contrato de compraventa del terreno con playa que Grupo Posadas hizo con Rancho La Posadita en 2014. MILENIO tiene copia.

Entre los accionistas de la Sociedad Estación M. Alemán, que forma parte de Rancho La Posadita, aparece como accionista el nombre de Felipe de Jesús Benavides Pompa, quien falleció el 28 de julio pasado. Él fue pilar en el desarrollo de Farmacias Benavides. Posteriormente, en una asamblea del 22 de febrero de 2012, ambos renunciaron a sus acciones y en la nueva composición accionaria aparecen los nombres de Mauricio Alberto Benavides Morales y Mauricio Alberto Benavides Pérez.

En el acta constitutiva de la sociedad Edición Estratégica Gráfica, SA de CV, los accionistas son los hermanos Alberto y Gonzalo Estrada Torres, Gonzalo Israel Estrada Sáenz, Alberto David Estrada Hernández y Mauricio Estrada Hernández, todos socios del periódico ABC de Monterrey.

Gonzalo Estrada Torres y Mauricio Estrada Hernández son además los dueños de Grupo Radio Alegría, radiodifusora localizada en Monterrey. Y forman parte del consejo de administración de la sociedad Posada Diving Ranch, que es miembro de Rancho La Posadita.

“Rancho La Posadita tiene la peculiaridad de que la mayoría de sus socios son empresarios de Monterrey y de Sonora”, detalla Fabiola Cortés, presidenta de la organización Somos tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo, quien fue quien inició la investigación del caso.

“Nuevamente vemos como un patrón que ya habíamos visto en anteriores ventas y es que los predios se entregan a personajes vinculados a políticos y que quedan en manos de empresarios de primer nivel, de primera línea”, detalla la abogada.

***

Los hoteleros de Mahahual están contra este proyecto por el impacto ecológico y el origen de la compra del terreno.

“Nos hablaron de 5 mil habitaciones turísticas, de casi 5 mil, 6 mil empleos. Esta es la forma de convencer a la gente, decir: ‘¡Bueno! ¡Vamos a matar el manglar, qué quieren, pero nos da trabajo!´”, cuenta Luciano Consoli, presidente de Fundación Mahahual y hotelero de la zona.

“Aquí lo que llama la atención es la relación que pueda ver entre gobierno, políticos y empresarios para especular con las tierras. El problema es cuando el gobierno entra en el negocio, cuando los políticos se hacen de dinero a través de esta especulación, o cuando reciben beneficios”, dice Juan Carlos Ortega, otro hotelero en Mahahual.

MILENIO contactó a José Manuel Caballero Sillas, abogado neoleonés y uno de los hombres con más poder dentro de la sociedad Rancho La Posadita y quien se ha dedicado los últimos 15 años a emprender desarrollos turísticos en todo el país, pero prefirió no emitir ninguna declaración para este reportaje. Sin embargo, en una carta dirigida a la organización Somos tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo, Caballero Sillas justifica el precio de compra del terreno vendido por Borge argumentando que pagaron tres veces el valor catastral de las 213 hectáreas, y que el costo tan bajo, tan alejado del precio de mercado, es porque el predio no está en una zona con servicios y desarrollo urbano.

Para eso representantes de la sociedad Rancho La Posadita se acercaron en marzo de 2017 a la actual administración municipal de Othón P. Blanco y entregaron un programa de desarrollo urbano con los lineamientos, que a su parecer, debe tener la normatividad para la zona. El enviado fue el arquitecto Gerardo Anaya Torres, de Grupo Rema, una empresa dedicada a estudios y proyectos de construcción.

Él le entregó al director de Desarrollo Urbano municipal, Víctor Sánchez, un engargolado con una carátula en la que se lee: Programa Parcial de Desarrollo Urbano. Con la aprobación de ese documento, la plusvalía de la tierra crecería exponencialmente.

“Venían con la intención de coadyuvar con esta administración toda vez que sabían de antemano que no hay un Programa de Desarrollo Urbano que lleve o que llegue hasta esa zona donde ellos desean desarrollar ese proyecto”, narra Víctor Sánchez.

Luciano Consoli, presidente de la Fundación Mahahual, opina que el primer regalo de Borge fue vender la tierra. “Ahora va el segundo regalo: darle la posibilidad, en este terreno regalado, y dándole también la urbanización, de construir como nosotros, pero nosotros pagamos a 400 dólares el metro cuadrado”. No a cinco pesos.

La Procuraduría General de la República ya investiga el caso de la venta de estas hectáreas, dentro del proceso que se le sigue a Borge, actualmente recluido en Panamá a la espera de ser extraditado. Los empresarios se ampararon para que la PGR libere su terreno, que actualmente está asegurado.

La abogada Fabiola Cortés señala que el procedimiento va lento:

“Estos predios no se van a poder recuperar si la PGR no determina que existió un delito en la operación de compraventa. Se corre el riesgo de que estas denuncias queden impunes, de que el ex gobernador Roberto Borge Angulo libre la cárcel, de que no se puedan acreditar estos delitos que a los ojos de todos los quintanarroenses existen”.

Por lo pronto, los dueños del regio regalo de Borge tienen su terreno frente al mar. Ese que usted soñó al principio de este texto…



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