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Sábado , 20.10.2018 / 16:53 Hoy

El acceso a la información sería un derecho ciudadano

La reforma incluye nuevos conceptos, como la protección de datos personales como obligación de la autoridad y la participación de los ciudadanos, a través de un consejo consultivo.

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La obligación de proteger los datos personales y la definición expresa del derecho de los ciudadanos a tener acceso a la información pública, son algunos de los conceptos que señala la nueva Ley de Transparencia, que podría ser aprobada hoy por los diputados locales.


En el dictamen, se incluyen nuevos conceptos, en su mayoría para homologar la legislación local con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobada por el Congreso de la Unión.

Entre las novedades que prevé el dictamen, está la participación de los ciudadanos en el tema de la transparencia, con la creación de un consejo consultivo. Según lo señalado en la reforma, este se integrará por representantes de la sociedad civil que podrán hacer propuestas, analizar y opinar en materia de transparencia y acceso a la información, ante el Congreso del Estado y el Instituto de Transparencia.

También hay una nueva clasificación de la información. La propuesta prevé que haya “datos abiertos”, que es cualquier información que deberá publicarse de manera digital, para que los ciudadanos puedan consultarla en cualquier momento. Estos tendrán que ser accesibles, integrales, gratuitos, no discriminatorios, oportunos, permanentes, legibles por cualquier máquina, de libre uso y presentarse en formatos que permitan su análisis.

Se establecen los “formatos accesibles”, que es cualquier forma de presentación de la información que permita a los solicitantes tener acceso a la información de manera “tan viable y cómoda” para acceder a la misma.

Otro concepto que se incluye es el de información “de interés público”, que es aquella que es relevante o beneficia a la sociedad y que está relacionada con las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados.

Además, se formaliza la posibilidad de que los ciudadanos tengan acceso a información que debe ser pública pero contiene datos reservados. Por ello, se incluye el concepto de “versión pública”, que es la que deberá entregarse, “omitiendo las partes o secciones clasificadas” con base en lo señalado por la ley.

Otra modificación es para convertir en comisionados a los consejeros de transparencia, que durarán en el cargo cinco años. Además, la presidencia del Instituto será rotada cada año.

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