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Sábado , 15.12.2018 / 04:25 Hoy

Ejidos acusan a Zapopan de omisión en las invasiones

Las fincas espontáneas en La Primavera han sido denunciadas al ayuntamiento, señala la Unión de Ejidos.

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La invasión de asentamientos humanos en las zonas ejidales del área protegida de La Primavera es una realidad innegable, pero pesan más las omisiones del Ayuntamiento de Zapopan que los negocios de los ejidatarios, aseguran el presidente de la Unión de Ejidos de esa serranía, Juan Rivera Contreras y el presidente del ejido La Primavera, Raúl Sedano Hernández.

“Nosotros de forma puntual notificamos cuando comienzan a brotar fincas adentro del bosque, pero el ayuntamiento no hace nada más que recibir nuestra notificación; si a eso agregamos que esta Administración ha estado tratando de cobrar montos enormes de impuesto predial pese a que somos ejidos y estamos exentos”, advierten en entrevista con MILENIO JALISCO.

“Precisamente el caso de Santa Ana y otros ejidos, ese tipo de situaciones se ha reportado a la autoridad, y la autoridad no ha actuado, y tenemos un caso reciente [febrero pasado], El Colli, donde el comisario ejidal reportó lo que estaba pasando y nada; en cuanto a Santa Ana Tepetitlán me consta han reportado situaciones de invasión a posesionarios o a ejidatarios, y no han actuado los responsables”,
destaca Rivera Contreras.

— Porque aquí en La Primavera y La Venta del Astillero también se ven casas abajo de los árboles, bien fincadas…

— Así es, entonces que la autoridad haga cumplir la norma, la ley, y que los científicos e investigadores nos digan que es lo viable hacer, para preservar y mejorar el área, y que a nosotros como propietarios nos dejen hacer las cosas que sean permitidas, y si cometemos algún delito, que nos sancionen.

— ¿En el problema de las invasiones hay omisión del ayuntamiento como responsable de todas las urbanizaciones en su territorio?

— Pues todas estas quejas se les han estado informando; entonces aquí la autoridad tiene que actuar, y el problema no es nada mas de Zapopan, en el bosque estamos ejidos de varios municipios, en toda su periferia, y la autoridad debe vigilar, es la responsable que se cumpla con la norma porque es su territorio y da licencias a todas las construcciones; quien no tiene licencia debe ser clausurado.

En particular, el ejido de La Primavera se queja también del cobro oneroso de impuesto predial, y aunque no ha establecido controversia jurídica al respecto, Raúl Sedano advirtió que pretender cobrarles casi siete millones de pesos es una desmesura contra la realidad
económica de la comunidad.

“Le agradecemos a la Administración del señor Héctor Robles que nos apoye con maquinaria para mejorar la productividad, pero los apoyos son mucho menos de lo que nos quieren quebrar y si consideramos que estamos en una zona protegida donde podemos hacer muy pocas cosas, parece que nos quieren llevar a la bancarrota a los campesinos”, añadió.

Presentó a este diario una copia de la notificación de la Tesorería municipal zapopana (cuenta 2114001579, crédito fiscal 153297/2013) que se les entregó en mayo de 2013, hace casi un año. Allí se establece entre impuesto, gastos de notificación, recargos y multa, un total de seis millones 600,826 pesos. “No sabemos cómo quieren cobrarlo
en 2014”, añade Sedano Hernández.

Por parte del ayuntamiento, el reportero habló en marzo pasado vía telefónica con el titular de la Dirección General de Inspección a Reglamentos, Fernando Espinoza de los Monteros de la Parra, pero en la breve conversación se limitó a prometer información a detalle de los señalamientos de los ejidos, sin que los datos prometidos se entregaran después.

En materia de desarrollo urbano, la responsabilidad de los municipios es clara, según el artículo 115 constitucional.

“V. Los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales; intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para construcciones, y participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas”.

Entre las obligaciones de los ayuntamientos, dice la Ley Orgánica Municipal de Jalisco, artículo 39, inciso siete: “Ordenar y vigilar que las construcciones se realicen de conformidad a los planes de desarrollo urbano, las declaratorias de usos, destinos y reservas, las normas de los reglamentos de zonificación y el Reglamento de Construcción”.

Inciso 27: “[…] controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales; otorgar licencias y permisos para construcciones e intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra, en los términos que señalen las leyes de la materia”.

El Reglamento de construcciones y desarrollo urbano de Zapopan establece que tiene “por objeto la regulación y el control de cualquier excavación, explotación de bancos de materiales, reparación, acondicionamiento, edificación o demolición de cualquier género que se ejecute en propiedad pública, social o privada; así como todo acto de ocupación y utilización del suelo”.

De este modo se fundamenta que no intervenir contra fincas ilegales es una omisión del propio marco legal del municipio.

Licencias serían ilegales

Además de que los ayuntamientos están obligados a clausurar cualquier construcción que no tenga licencia dentro de su territorio, están impedidos de otorgarla si se trata de cambios de uso de suelo forestal, como sucede con las invasiones hormiga en La Primavera.

El artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente sujeta a autorización federal, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), los “cambios de uso de suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas”.

Sobre el delito de cambiar uso de suelo sin ese permiso, el Código Penal Federal, en su artículo 418: “Se impondrá pena de seis meses a nueve años de prisión y por equivalente de cien a tres mil días multa [...] al que ilícitamente: I. Desmonte o destruya vegetación natural; II. Corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles, o III. Cambie el uso de suelo forestal...”.

De este modo, para otorgar una licencia, el solicitante deberá entregar la autorización correspondiente de la Semarnat. Y si no se hace, la licencia de construcción se debe negar. (AC/Guadalajara)

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