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Jueves , 16.08.2018 / 06:09 Hoy

Ex directora del Topo se protege de traslado; MP lo rebate

Salazar Robles recibió la protección de la justicia federal dentro del juicio de garantías 654/2016, el cual promovió el pasado 19 de febrero, cuando sorpresivamente fue trasladada al reclusión.

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La ex directora del penal del Topo Chico, Gregoria Salazar Robles, ganó un amparo contra su traslado al reclusorio de máxima seguridad de Jojutla, Morelos; pero el agente del Ministerio Público Federal adscrito al juzgado segundo de distrito en materia penal solicitó la revisión, por lo que la ex funcionaria estatal deberá esperar el resultado final de ese trámite, en el cual podría resultar beneficiada.

Salazar Robles recibió la protección de la justicia federal dentro del juicio de garantías 654/2016, el cual promovió el pasado 19 de febrero, cuando sorpresivamente fue trasladada a dicho centro de reclusión.

De acuerdo a la lista de acuerdos del recinto federal, la ex servidora pública acreditó que las autoridades estatales violentaron sus derechos al enviarla al reclusorio de Morelos, cuando apenas le habían iniciado la carpeta judicial por considerarla probable responsable de los delitos de abuso de autoridad y homicidio calificado de los 49 reos que murieron en febrero pasado.

Después de cinco meses de analizar los argumentos de Salazar Robles, el juez segundo de distrito le concedió el amparo, pero al conocer la resolución, el agente del Ministerio Público adscrito a ese recinto se inconformó y ayer interpuso la revisión.

Por ello, ahora Salazar Robles deberá esperar unos meses más para saber si enfrentará su juicio a distancia o la van a regresar al penal del Topo Chico, del cual tuvo a su cargo del resguardo de la seguridad por varios años.

Mientras la ex directora del reclusorio lucha por su retorno a Nuevo León, las autoridades del Poder Judicial analizan las más de 400 pruebas que presentó el agente del Ministerio Público para acreditar su probable responsabilidad en los mencionados delitos, en los cuales incurrió en supuesta complicidad con el ex subdirector del penal, Arturo Bernal González, y el ex subcomisario de Administración Penitenciaria, Fernando Domínguez Jaramillo.

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