Detiene PGR a ex colaboradores de Javier Duarte

A la regidora, el ex edil y ex director municipal de Boca del Río se les acusa de delitos electorales en 2013. Hay 5 ordenes más por cumplimentar, dijo el titular de consignaciones de la FEPADE.

Veracruz

La Procuraduría General de la República detuvo a ex colaboradores del gobernador con licencia Javier Duarte de Ochoa, se trata de una regidora, un ex alcalde y un ex director municipal de Boca del Río acusados de delitos electorales en 2013.

De acuerdo a las denuncias de aquella fecha y los cargos que ocupaban mencionados por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales los detenidos son la regidora Graciela Tejeda Cruz; el ex alcalde de Boca del Río y actual presidente del Patronato del Acuario de Veracruz, Anselmo Estandia Colóm y el ex director municipal de Desarrollo Económico Felipe Sosa.

Los detenidos fueron trasladados esta noche a un penal del que Ramsés Arturo Ruiz Cázares, director general adjunto de consignaciones y procesos de la FEPADE declinó informar, y se concretó a leer un comunicado.

Señaló qué hay aún órdenes de aprehensión por cumplir contra cinco ex colaboradores más del gobernador prófugo de la justicia.

Dichas órdenes son en contra de personas involucradas en delitos electorales con programas sociales a favor de un partido político en específico (PRI).

La PGR a través de la FEPADE en coordinación con elementos de Policía Federal (PF), cumplimentó la orden de aprehensión girada por un Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, en contra de estas tres personas que se desempeñaban como servidores públicos del gobierno encabezado por Javier Duarte.

Precisa que los detenidos y otras cinco personas contra quienes hay órdenes de aprehensión son señalados de probable responsabilidad penal.

"En el caso de dos de ellos, del delito electoral previsto en el artículo 407, fracción III (hipótesis relativa al servidor público que destine de manera ilegal servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo al apoyo de un partido político); de igual forma, en contra de dos de los inculpados, por el delio electoral federal, previsto en el artículo 407, fracción II (hipótesis relativa al servidor público que condicione el cumplimiento de programas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un partido político o candidato)".

Derivado de la averiguación previa por la que la FEPADE ejerció acción penal, se obtuvo orden de aprehensión en contra de ocho personas, de las cuales aún quedan cinco pendientes por cumplimentar.

A los inculpados, quienes se desempeñaban al momento de los hechos como presidente municipal de Boca del Río, Veracruz; Subdirector de Área y Jefa de Zona, ambos de la Secretaría de Desarrollo Social Federal, Delegación Veracruz, se les atribuye haber destinado de manera ilegal servicios (Programas de Desarrollo Humano) a su cargo, durante el período comprendido entre los meses de marzo y abril de 2013, en el que asistieron a diversas reuniones de trabajo partidistas afines al entonces Gobernador Javier Duarte, celebradas indistintamente, en la "Casa de Cultura" y en los Hoteles "Fiesta Inn", "Costa Inn", "Rivoli" y "NH", en la ciudad de Boca de Río, Veracruz.

En su calidad de funcionarios, mantenían comunicación para la planeación de la campaña electoral de un partido político y les proporcionaban y ponían a su disposición dichos programas e información sobre los padrones de beneficiarios del programa social federal denominado "Oportunidades", así como los padrones de candidatos a ser beneficiarios del programa social "65 y Más" o "Pensión para Adultos Mayores", con la finalidad de dar de alta, incluir a dichos programas y beneficiar con los mismos, a ciudadanos y ciudadanas que fueran afines a dicho partido político.

Además los denunciados acudieron a los domicilios de diversas personas residentes del municipio de Boca del Río, Veracruz a quienes les ofrecieron su inclusión en los programas sociales en mención, con la condición de que el 7 de julio de 2013, votaran a favor de un partido político determinado, por lo cual votaron en los términos condicionados, sin que se les incluyera en los programas aludidos.

Con su actuar, los inculpados vulneraron el adecuado desarrollo de la función pública electoral que abarca la organización y realización los procesos electorales, así como la equidad e igualdad de condiciones de la contienda electoral.

"Con ello, la FEPADE mantiene su compromiso de actuar, con absoluta imparcialidad, sin filias ni fobias, haciendo cumplir los principios constitucionales y los mandatos de ley en la materia electoral", indicó.

Los servidores públicos vulneraron el adecuado desarrollo de la función pública electoral y la equidad e igualdad de condiciones de la contienda electoral al condicionar la entrega de programas sociales a cambio del voto.

El caso se conoció por la grabación de algunas reuniones por parte de una funcionaria municipal que se las entregó a miembros de otro partido político para el cual trabaja ahora.


MMR