Crearán un fideicomiso de 2 mil mdp en Sonora

La concesión de la minera no está en peligro, porque se ha sometido a la ley, dice Presidencia; este fondo es adicional a la multa por afectaciones.
Humberto Castillejos, Juan José Guerra, Ildefonso Guajardo y Eduardo Sánchez, durante la conferencia de prensa.
Humberto Castillejos, Juan José Guerra, Ildefonso Guajardo y Eduardo Sánchez, durante la conferencia de prensa. (Notimex)

México

A poco más de un mes del derrame de tóxicos en el río Sonora, el gobierno federal anunció que las subsidiarias de Grupo México crearán un fideicomiso por 2 mil millones de pesos para reparar los daños ambientales y materiales provocados por la contingencia.

En conferencia de prensa realizad en el Casino Naval, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud, explicó que esta especie de fondo revolvente proporcionará aportaciones por 500 millones de pesos. No obstante, no será un monto definitivo y en caso de requerirse recursos extras los asumirá la empresa.

"Las empresas Buena Vista del Cobre y Operadora de Minas e Instalaciones Mineras, subsidiarias ambas de Grupo México, se han obligado ante el gobierno de la República a reparar totalmente el daño ambiental y a pagar los daños materiales ocasionados a las personas afectadas por el derrame", indicó.

Guerra Abud indicó que el fideicomiso funcionará a través de un Comité Técnico Intersecretarial que se conformará en los próximos días.

"La prioridad es la reparación inmediata de los daños a las personas y del medio ambiente de las comunidades afectadas. Mediante la constitución del fideicomiso, por 2 mil millones de pesos, se asegura que la empresa responsable cubrirá los daños causados al entorno, a las personas y a sus bienes.

"Al mismo tiempo se obliga a cumplir con cualquier medida correctiva que le ordene la autoridad competente. De este modo, el gobierno de la República confirma su convicción de que el desarrollo económico y la protección del medio ambiente deben ir de la mano", acotó Eduardo Sánchez, vocero de la administración federal.

Humberto Castillejos, consejero jurídico de la Presidencia, señaló que con este procedimiento se evita un largo proceso legal.

"Lo que establecen las leyes ambientales para aquel que cause una contaminación es reparar el daño ocasionado por esta situación y esto se ha logrado sin necesidad de acudir, como lo establece la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, ante una autoridad judicial.

"Los supuestos para la suspensión o la revocación de una concesión son supuestos jurídicos, que ante el sometimiento a la ley de la empresa, en este momento no se ven actualizados porque están cumpliendo con la legislación ambiental", indicó.

Castillejos recalcó que el fondo es independiente a la sanción económica que se impondrá a la empresa por su responsabilidad en el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora.

En tanto, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, precisó que el fideicomiso no implicará recursos fiscales del gobierno.

El Comité Técnico estará integrado por expertos en materia ambiental y vigilará el cumplimiento del programa de remediación proyectado.

Además, evaluará las demandas de personas que hayan sufrido afectaciones en su patrimonio o actividad productiva.

Los funcionarios expresaron que no hay montos ni tiempos definidos para la sanción económica que sería impuesta a la empresa, no obstante, es un procedimiento que continuará su rumbo.

"Además de iniciar los procedimientos correspondientes, las autoridades federales han dado los pasos necesarios para evaluar los daños, establecer el plan para remediarlos y asegurar que la empresa causante cumpla con la responsabilidad de repararlos", reiteró el vocero del gobierno federal.

Esta cifra coincide con lo calculado el pasado lunes por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sonora sobre los daños ocasionados a por lo menos siete municipios de la entidad: Arizpe, Banámichi, Baviácora, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi y Ures.

El ombudsman estatal, Raúl Ramírez, indicó que el monto se fundamentó en entrevistas con productores de la región, la población y los alcaldes. Incluso, consideró que los daños impactaban a 32 mil habitantes.

La Comisión Especial de la Cámara de Diputados para dar seguimiento a la contaminación en este cuerpo de agua evaluó, en un primer momento, afectaciones por 800 millones de pesos.

En tanto, el pasado 4 de septiembre el consorcio minero anunció la creación de una reserva de 300 millones de pesos para garantizar la reparación de daños y el pago de multas.