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Sábado , 18.08.2018 / 15:50 Hoy

Confía Corral que Peña Nieto no retire a militares por impugnar LSI

El gobernador de Chihuahua dijo que la colaboración del Ejército es necesaria. Insistió que la citada ley debe ser declarada inconstitucional porque el modelo que se escogió fue el peor.

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Luego de que impugnara la Ley de Seguridad Interior (LSI) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el gobernador Javier Corral Jurado, confió en que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, no retire, en un acto de venganza, a las fuerzas militares que desplegó en Chihuahua.

En este sentido lamentó que la federación retirara a los elementos militares de la ciudad de Puebla, donde el presidente municipal, Juan José Espinoza, se pronunció en contra de la LSI, recurriendo ante el máximo tribunal del país para impugnarla.

"Siempre está ese riesgo, yo espero que no, porque en realidad sería una respuesta muy absurda y por supuesto autoritaria. Yo confío en que el presidente de la República (Enrique Peña Nieto) mantenga la decisión de colaboración de las fuerzas armadas y autoridades civiles bajo el actual esquema de coordinación, porque al final de cuentas, él como comandante supremo de las fuerzas armadas es quien decide si se retiran o no", dijo.

Sin embargo, a pesar de que cuestionara completamente el contenido de la Ley de Seguridad Interior (LSI), el panista consideró que la colaboración del Ejército es necesaria en estos momentos, como lo es en caso de desastres naturales y de protección civil.

No obstante, señaló que el tema de fondo es qué modelo de colaboración quieren las autoridades civiles con las autoridades militares: si uno de colaboración y cooperación, en el marco de la ley, de coadyuvancia, siempre a petición de las autoridades civiles, o uno de sustitución de las autoridades civiles por autoridades militares, cuestionó.

Durante la entrevista que ofreció el panista, insistió que la citada ley debe ser declarada inconstitucional porque el modelo que se escogió fue el peor, "ya que, de la necesidad de dotar a las fuerzas armadas de un marco jurídico para dar certeza a su actuación de colaboración en el combate a la delincuencia organizada, se pasó a uno muy malo de sustitución de las autoridades civiles.

"A diferencia de lo que se ha dicho, realmente dudo que este sea el modelo legislativo que a las fuerzas armadas les convenga, porque les está desnaturalizando la función de la defensa nacional", manifestó el mandatario, quien pidió y se le concedió el despliegue de las fuerzas militares para combatir la inseguridad en esta entidad.

"La controversia se presenta porque es un derecho constitucional ante una ley que genera una invasión de facultades y de competencias en perjuicio de estados y municipios, es una legislación que autoriza al presidente de la república (Enrique Peña Nieto) por sí mismo, sin que medie la solicitud del Ejecutivo o legislativo estatal, de disponer de las fuerzas armadas y decretar una intervención militar en el estado", detalló.

Para concluir, agregó que la impugnación que se presentó ante la SCJN es porque obliga a los estados a hacerse cargo de los gastos que implique esta intervención, "o sea, que (también) hay una intención de vulnerar la autonomía presupuestaria y financiera de una entidad", destacó.

MMR

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