CNDH emite recomendación a IMSS por violencia obstétrica en SLP

La comisión recomendó al director del IMSS y al fiscal de San Luis Potosí reparar el daño a una mujer que sufrió violencia obstétrica, que derivó en la muerte de la recién nacida en Ciudad Valles.
La CNDH solicitó al titular del IMSS reparar el daño ocasionado a la familia de la recién nacida y a la madre de ésta.
La CNDH solicitó al titular del IMSS reparar el daño ocasionado a la familia de la recién nacida y a la madre de ésta. (Archivo Cuartoscuro)

Ciudad de México

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Tuffic Miguel Ortega y al fiscal general de San Luis Potosí, Federico Arturo Garza Herrera, por un caso de inadecuada atención médica y violencia obstétrica que derivó en el fallecimiento de una recién nacida en el Hospital General de Zona número 6 en Ciudad Valles, así como por dilación en la investigación de estos hechos.

Al investigar una queja remitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí a la CNDH por motivos de competencia, se acreditaron violaciones a los derechos a la protección de la salud, a una vida libre de violencia obstétrica, a la información en materia de salud, así como al acceso a la justicia en su modalidad de procuración, atribuibles a servidores públicos de ambas dependencias.

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Esa comisión, informó que una mujer acudió a consulta con el ginecólogo del citado nosocomio, quien diagnosticó un embarazo de 37.2 semanas de gestación, pelvis reducida y desproporción cefalopélvica por producto macrosómico, por lo cual determinó practicar una cesárea.

Un día antes de lo programado, la víctima acudió al área de urgencias gineco-obstétricas tras presentar dolor lumbar y abdominal, siendo atendida por otro médico quien omitió tomar en cuenta antecedentes médicos relevantes de la paciente tales como una ruptura uterina previa, estableciendo que debía ser sometida a trabajo de parto.

Además, a la paciente no se le practicó un ultrasonido que requería por la ausencia de médico radiólogo y se constató que hubo retrasos en la vigilancia de la actividad uterina, foco fetal y evaluación de los cambios cervicales.

Por la noche, el médico tratante se percató de la disminución de la frecuencia cardiaca del producto, ruptura uterina y otras complicaciones en la salud de la paciente, por lo que solicitó trasladarla a quirófano para practicarle una cesárea urgente por sufrimiento fetal agudo, lapso en el que la víctima perdió el conocimiento. Al despertar, se le informó que su bebé había sufrido muerte cerebral.

A consecuencia de la ruptura uterina, la recién nacida no registró frecuencia cardiaca lo que ameritó maniobras de reanimación y fue ingresada al servicio de cunero patológico en estado clínico grave. Catorce días después de su nacimiento, presentó insuficiencia respiratoria y finalmente murió.

Durante la atención médica, la víctima sufrió violencia obstétrica al recibir malos tratos y comentarios ofensivos por parte de servidores públicos adscritos al referido hospital; además, se confirmó la inadecuada integración de su expediente clínico toda vez que las notas médicas en algunos casos son ilegibles, no contienen los signos vitales ni la hora de realización, presentan nombres incompletos, empleo de abreviaturas y se advirtió la existencia de una hoja de consentimiento informado sin anotaciones ni la firma de la paciente.

Por lo que corresponde al derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración, se comprobó que los agentes de la entonces Procuraduría General del Estado de San Luis Potosí (hoy Fiscalía General) que integraron la averiguación previa correspondiente, omitieron declararse incompetentes y turnar el caso a la Procuraduría General de la República (PGR) al estar involucrado un servidor público federal, aunado a un año y medio de inactividad en la investigación del caso.

La CNDH solicitó al titular del IMSS reparar el daño ocasionado a los afectados, otorgarles atención psicológica y tanatológica, inscribirlos en el Registro Nacional de Víctimas y colaborar en las investigaciones que inicien la PGR y el Órgano Interno de Control del IMSS, respectivamente.

Además de que el Hospital General debe impartir un curso y un taller de capacitación con perspectiva de género sobre el derecho a la protección de la salud, el derecho a la información y sobre las normas en esta materia; gestionar una ampliación del presupuesto para incrementar el personal en el área de Radiología y solicitar a los médicos la entrega de las certificaciones y recertificaciones que tramiten ante los Consejos de Especialidades Médicas.

Al Fiscal General del estado se le pide que la autoridad responsable decline su competencia a favor de la PGR para que se investigue adecuadamente el caso; colaborar con este Organismo en la queja que se presente ante el Órgano Interno de Control de esa dependencia en contra de los responsables, además de impartir un curso con énfasis en los derechos humanos de las víctimas.


EB