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Viernes , 17.08.2018 / 20:32 Hoy

CNA pretende “poderes excesivos” sobre el agua

Controversia por programa de mitigación de sequía. En una semana se discute un convenio para establecer acciones “coordinadas” para enfrentar los problemas de escasez, cada vez más recurrentes.


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Un capítulo más en la larga controversia entre la Comisión Nacional del Agua y los usuarios de la cuenca del río Santiago, en especial en el caso del río Verde, donde están alguno megaproyectos prioritarios del gobierno federal, se ha abierto con el programa de prevención de sequías que pretende aprobar en una semana la autoridad con apoyo del consejo de cuenca.

Se trata del Programa de medidas preventivas y de mitigación de la sequía en la cuenca del río Santiago, que el organismo federal pretendió sacar adelante a nivel de la Comisión de Operación y Vigilancia (Covi) en una reunión en la capital de Guanajuato, el pasado viernes 8 de noviembre, pero ante las dudas y las consultas insuficientes fue turnado para una reunión el próximo 19 de noviembre, que se prevé sea en la ciudad de Tepic, Nayarit.

Los críticos del proyecto señalaron que a pretexto de las crisis ambientales que se darán de forma periódica en la zona ante el problema de los años de escasez que se harán más recurrentes con el cambio climático, la CNA pretende arrogarse atribuciones por encima de la constitución y de las leyes derivadas en materia de agua.

“Atropella las garantías individuales; es un yugo envuelto en un compendio de buenos deseos; el propósito simulado es decretar el ‘toque de queda’ al agua, como recurso; no son compatibles las ‘buenas intenciones’ –que difícilmente se cumplirán, pues no plantean cómo, ni existe el recurso económico, ni dependen de la dependencia-; con la

coacción que ejercería de inmediato la CNA sobre los usuarios”, destaca un comunicado que difundieron previo a la reunión en la ciudad de El Bajío.

Añade el texto: “Se pretende dejar el agua en manos del mercado, a pesar de que está demostrado que éste no es el instrumento adecuado para la gestión integral del agua; no considera la participación activa en la toma de decisiones de los usuarios, ciudadanos organizados, sector social, científico-académico”, precisa.

Es como si se elaborara un convenio “donde se me autoriza a entrar a su casa a la hora que quiera y hacer los desmanes que se me antojen”.

A juicio de los quejosos, “forma es fondo: a la CNA le interesa tener mayores atribuciones para ejercerlas a través del organismo de cuenca” y utilizar los propios organismos de usuarios “para que se las otorgue y/o avale”, esto es, “que sean los propios usuarios y ciudadanos quienes hagan el nudo o afilen la guillotina”.

Así, el organismo federal se convierte “en el superpolicía que le cuide el agua a los concesionarios particulares de los trasvases y de abasto de agua a las ciudades y zonas industriales”, porque “se habla del agua como recurso de seguridad nacional, solo que lo dejarían en manos del mercado económico”.

El documento está en análisis; se pretende bajar los excesos en las atribuciones gubernamentales para que salga adelante; de lo contrario, crecerá la oposición de por si fortalecida ante las megapresas que pretenden exportar el agua de la zona a las grandes ciudades de su periferia, o incluso, afuera del área.

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