Gobierno de Puebla acepta recomendaciones de CNDH

El gobierno estatal nombró a un fiscal especial para el caso Chalchihuapan y dijo que vigilará que las recomendaciones que hizo el organismo se cumplan.
Pobladores de la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan lanzaron piedras y palos contra los policías.
Pobladores de la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan lanzaron piedras y palos contra los policías. (Andrés Lobato)

Ciudad de México

El gobierno de Puebla aceptó las recomendaciones que le realizó la CNDH, que detectó que hubo violaciones graves a los derechos humanos en el enfrentamiento entre policías y pobladores ocurrido el 9 de julio en San Bernardino Chalchihuapan.

A través de un comunicado, el gobierno del estado indicó que ya notificó a la CNDH la aceptación de todos los puntos, entre ellos el de iniciar los procedimientos de responsabilidad contra el titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y contra los policías que participaron en la agresión.

Además, señaló que nombró a José Antonio Pérez Bravo como fiscal especial para el caso Chalchihuapan.

Mientras que Juan Pablo Piña, jefe de la Oficina del Ejecutivo local, será el responsable de verificar que las recomendaciones hechas por la CNDH sean cumplidas por parte de las dependencias responsables.

El gobierno estatal mencionó que aunque la versión de la CNDH sobre la lesión que causó la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie es diferente a la que presentó la PGJ local, "el hecho mismo obliga (...) a tomar las medidas necesarias para asegurar que las fuerzas de seguridad cumplan en todo momento con la tarea de respetar los derechos humanos".

Reiteró sus condolencias a la madre y familiares del menor y agregó que el "lamentable acontecimiento obliga a la sociedad en su conjunto a reflexionar sobre la importancia de convivir en armonía y conducir las diferencias por la vía del diálogo y dentro del marco de la ley".

Recomendaciones

- Iniciar procedimientos de responsabilidad respectivos contra el titular de la SSP estatal, así contra policías que participaron en la agresión.

- Instruir a quien corresponda para que colabore con la CNDH en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que se formule ante la PGJ estatal contra servidores públicos involucrados.

- Preparar una disculpa institucional a las víctimas y a sus familiares por los agravios generados por servidores públicos y se den a conocer las garantías para que no se repitan este tipo de hechos.

- Creación de una fiscalía especial para la investigación del caso Chalchihuapan e instruir a quien corresponda para que se reparen los daños causados a las víctimas y familiares.

- Implementación de mecanismos efectivos para la atención de demandas colectivas, privilegiando el diálogo y el respeto a los derechos humanos.

- Proporcionar a policías videocámaras y grabadoras de audio para registrar su conducta durante los operativos y procedimientos de detención en los que participen, a fin de evaluar si su comportamiento se apegó a la legalidad.