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Martes , 23.10.2018 / 20:29 Hoy

Cada día, 8 capitalinos se quedan sin casa... por despojo

La delegación Cuauhtémoc tiene la mayor incidencia de este tipo de delito, en el que hay autoridades coludidas, que se sanciona con penas bajas y que puede ser un negocio lucrativo.

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El cateo policiaco y desalojo del edificio en Benjamín Hill número 12, en la colonia Hipódromo Condesa, fue sólo un caso más de despojo de los miles que suceden cada año en la Ciudad de México.

De acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia capitalina, de 2010 al cierre de 2015 cada día se reportaron 8.6 despojos en la capital del país; un total de 18 mil 997 durante los seis años revisados. La información disponible no permite saber cuántas de las denuncias por despojo fueron ratificadas como verdaderas, o si el inmueble fue regresado a su legítimo dueño.

El 22 de junio pasado, elementos de la PGJDF catearon un inmueble en la calle de Benjamin Hill, el cual estaba ocupado por la Asamblea de Barrios Poniente. El edificio era señalado desde 2013 por vecinos, y recientemente por el jefe delegacional, Ricardo Monreal, como un punto de narcomenudeo, extorsión, vandalismo y crimen organizado.

Durante el operativo policiaco no se encontró droga o armas, pero sí un túnel y tres bodegas que según la Asamblea eran parte de los cimientos del edificio.

Según vecinos, el edificio había sido invadido una madrugada hace tres años por 50 hombres armados, quienes sacaron por la fuerza a los habitantes y les dijeron que era un desalojo. Así pasó a ser el epicentro de actividades ilícitas, custodiado por halcones armados las 24 horas, de acuerdo con testimonios recabados por Milenio.



Bajas penas y posibles beneficios

El código penal capitalino tipifica el delito de despojo como aquella acción que por medio de violencia, engaño o furtivamente, ocupe un inmueble ajeno, haga uso de él o lesione derechos legítimos de los ocupantes.

Este delito es catalogado como patrimonial no grave. Se castiga con de 3 meses a 5 años de prisión y puede llegar a los seis años si es cometido por más de cinco personas, como el caso del número 12 de Benjamín Hill.

Esta pena es menor a la de otros estados como Nuevo León o Querétaro, donde se puede castigar con hasta 10 años de prisión; San Luis Potosí con 9 años o Jalisco con 8.

A pesar del riesgo, existe una posible rentabilidad. Según el Código Civil de la Ciudad de México, el sujeto que comete el delito de despojo puede adquirir derechos plenos sobre un inmueble ocupado si cumple 10 años en posesión.

De esta manera, las bajas penas y los posibles beneficios económicos son incentivos para cometer el delito.

Del 2010 al 2015, por cada kilómetro cuadrado de superficie que tiene la delegación Cuauhtémoc ocurrió el despojo de 81.6 inmuebles. Con 2 mil 644 denuncias, ésta es la demarcación con la mayor densidad de este tipo de crímenes, debido a su alta incidencia y su relativa pequeña superficie.



Junto con las delegaciones Cuajimalpa y Benito Juárez, la Cuauhtémoc tiene la mayor plusvalía de la vivienda en la Ciudad de México gracias a los altos precios del metro cuadrado de las colonias Roma y Condesa, mientras que colonias céntricas como Santa María la Ribera, San Rafael, Doctores o Juárez están elevando su atractivo.

La Asamblea de Barrios en la mira

El número 88 de la calle de Minería, en la colonia Escandón –cerca del inmueble cateado en Benjamín Hill–, fue hasta 2014 una casona vieja ocupada por la Asamblea de Barrios Poniente.

Hoy es una torre de departamentos de lujo sobre la cual persiste una orden de demolición, promovida por la actual delegada de la Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez. El edificio viola la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad al contar con cinco niveles, cuando sólo tiene permitidos tres, y el cambio de uso de suelo del predio fue obtenido de forma irregular.

Ricardo Pascoe, ex director de Gobierno durante la administración de Demetrio Sodi (2009-2012), denunció a medios de 2015 que el ex delegado perredista Víctor Hugo Romo (2012-2015) negoció con la Asamblea el predio para la construcción del inmueble mediante la creación de cargos públicos.

Junto al Frente Popular Francisco Villa, la Asamblea de Barrios ha sido señalada como la responsable más visible de este tipo de ilícitos en la Ciudad de México, con mayor fuerza a raíz de la ocupación en la Hipódromo Condesa.

El modus operandi de estos grupos se da bajo el amparo de autoridades y líderes políticos, quienes les proporcionan información del Registro Público de la Propiedad y el Comercio sobre predios e inmuebles deshabitados, en litigio o irregulares, explicó a Milenio la Oficina de Comunicación Social de la jefatura delegacional de la Cuauhtémoc.

"Ya en posesión de estos datos se forman grupos de choque que ejercen la violencia para entrar y ocupar estos lugares, evitando que alguien más pueda invadirlos o recuperarlos.

"El crecimiento exponencial de la población en la Ciudad ha incrementado la demanda de vivienda. Esta problemática ha generado la aparición de grupos dedicados al despojo de bienes inmuebles bajo la bandera del derecho a la vivienda. Sin embargo en muchos casos estos inmuebles sirven de punto de reunión para la comisión de ilícitos, como extorsión, narcomenudeo, trata de personas afectando a los vecinos de la zona", dijo vía correo electrónico.


El edificio en Benjamín Hill 12, despojado a sus dueños por la Asamblea de Barrios Poniente (Foto: Nelly Salas).


Nacida en 1987, la Asamblea de Barrios de la Ciudad de México –fundada por el ex diputado y restaurantero Marco Rascón­– organizó y defendió el derecho a la vivienda de las familias desplazadas por la destrucción del sismo de 1985 y la construcción de los ejes viales.

Después de 29 años, el movimiento dio paso a la fragmentación y uso indiscriminado de su nombre. La división de la Asamblea de Barrios que ocupaba el inmueble de Benjamín Hill era la Asamblea de Barrios Poniente.

En su registro de organizaciones gestoras de créditos ante el público, el Instituto de Vivienda del Distrito Federal (INVI) menciona al menos a 15 organizaciones que responden al nombre "Asamblea de Barrios", cada una con variantes al final de su nombre como "Comité de lucha urbana", "Grupo Legaria", "Nuevo Milenio", "Vanguardia Ciudadana", "Patria Nueva" o "De la Ciudad de México".

Respecto a las acciones de la Asamblea de Barrios Poniente, la Asamblea de Barrios de la Ciudad de México declaró que ésta no invade inmuebles, únicamente gestiona dentro del marco de la legalidad una "vivienda digna desde la lucha social".

Según ésta, han surgido algunos grupos que han usurpado el nombre y la han colocado como una imagen delincuencial contraria a la organización.

"No aceptamos de ninguna manera las malas prácticas que desgastan su nombre al delinquir, despojar, amenazar y defraudar; no aceptamos y nos deslindamos abierta y categóricamente", comunicó la organización.

Milenio informó en semanas pasadas que según denuncias vecinales la Asamblea de Barrios Poniente es una fachada para las acciones del grupo delictivo "Los Claudios", dirigido por los hermanos Claudio y Héctor González, el primero actualmente en proceso judicial acusado de secuestro.

Luego del cateo policiaco en la Hipódromo Condesa, Héctor González aseguró a este medio que la organización no se dedica de forma alguna a actividades ilegales, sino que "es una lucha popular legítima, la ley nos faculta para defendernos, no hacemos ninguna actividad ilegal".

La organización cuenta con ocho vecindades repartidas en toda la Ciudad, mismas que están en un jucio de arrendamiento en proceso o ganado por la Asamblea, incluida la del edificio en Benjamín Hill.

Dijo desconocer el número total de inmuebles ocupados en la Ciudad por alguna otra organización asociada a la Asamblea de Barrios, pero aseguró que entre todas las Asambleas de Barrios tienen a 10 mil agremiados.

El 29 de junio de este año, el jefe delegacional morenista, Ricardo Monreal, prometió atacar de frente los despojos y la corrupción asociada.

El 17 de marzo de 2015, el Partido del Trabajo presentó a la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa una iniciativa para modificar el código penal de la capital y endurecer las penas por despojo. La propuesta pretendía elevar a grave el delito y castigarlo con de 3 a 6 años de prisión, pudiéndose elevar en una mitad si se efectuaba en contra de grupos vulnerables y así combatir su alta incidencia.

Ésta quedó congelada con el inicio de la VII Legislatura, en septiembre de 2015.

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