Impunidad, obstáculo para duelo en padres de los 43

Un grupo encabezado por Fundar analizó los impactos psicosociales de los diversos grupos de víctimas vinculadas al caso Ayotzinapa, quienes atraviesan por una etapa de dolor pero no de duelo.

Ciudad de México

Los familiares de los normalistas de Ayotzinapa no han elaborado un proceso de duelo debido a que el Estado no les ha dado la certidumbre sobre el paradero de sus hijos. La impunidad que perciben las víctimas es un obstáculo para que superen el duelo. Así lo documenta el informe "Yo sólo quería que amaneciera", donde un grupo multidisciplinario, encabezado por FUNDAR, analizó los impactos psicosociales de los diversos grupos de víctimas vinculadas al caso Ayotzinapa.

La psicóloga Ximena Antillón lideró un grupo de seis personas que durante seis meses se dedicaron a realizar una evaluación psicosocial de los diversos grupos de víctimas vinculadas al caso, en total 64 personas.

"Para las víctimas, la impunidad es vivida como un segundo estímulo traumático que revive el dolor y detona la aparición de síntomas y emociones como la angustia, sentimientos de tristeza, rabia e impotencia", señala el informe.

En entrevista con MILENIO Antillón explica que "puede haber mucho dolor, pero no un proceso de duelo. El duelo comienza con la aceptación de la pérdida, pero para eso necesitas prueba de que esa pérdida es definitiva. En el caso de la muerte, las personas tenemos algo que en psicología se llama prueba de realidad, es decir necesitamos una prueba contundente de que la pérdida es definitiva para empezar un proceso de duelo".

Hasta ahora, agrega, las dudas científicas sobre la verdad histórica expuesta por la PGR, no han permitido que los familiares avancen en el duelo. "No tienen ninguna certeza, un duelo no se apoya en alguna suposición, ni en una posibilidad, sino en una prueba de realidad", enfatiza.

El análisis psicológico se enfocó en conocer el daño psicosocial que presentan estudiantes sobrevivientes, heridos, y niños familiares de los normalistas, así como familiares de los asesinados y de otros desaparecidos en Guerrero. Todos estos grupos presentan diferentes síntomas que van desde estrés post traumático hasta el síndrome de la culpa del sobreviviente que está presente en los normalistas que sobrevivieron a los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014.

"En un contexto de impunidad y revictimización, los acercamientos de las autoridades para ofrecer indemnizaciones a los familiares de los estudiantes desaparecidos son vividos como un intento por, en palabras de ellos, "comprar su silencio" y "pagarles por sus hijos"".

Otro de los puntos que encontraron los especialistas de FUNDAR es que las víctimas comparten el sentimiento de "pérdida de la función protectora del Estado".

"La participación de agentes del Estado en los ataques contra los normalistas y la desaparición forzada cuestionan la función protectora. Produce en los familiares sentimientos de indefensión, desamparo y vulnerabilidad".

El análisis de la situación psicológica de las víctimas se realizó para atender la recomendación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). El grupo lo integraron cuatro psicólogas, una antropóloga y un médico, con experiencia en acompañamiento psicosocial.

Afectaciones en los normalistas que quedaron heridos

Los especialistas documentaron cómo en muchos de los casos las víctimas han experimentado desestructuración familiar, sentimientos de culpa y ruptura del proyecto de vida. Así sucedió, por ejemplo a la familia de Aldo Hernández, el normalista que se encuentra en estado vegetativo.

Para la familia de Aldo el proceso de duelo, porque aunque tienen el cuerpo de Aldo, él ya no es como era antes. La familia ha tenido que desplazarse cada semana desde septiembre de 2014 hasta la fecha para hacer turnos y cuidar al normalista.

La familia también presenta un sentimiento de impunidad porque hasta la fecha no saben qué policía disparó el arma que dejó Aldo postrado en la cama.

"En la medida en que no existe verdad y justicia, el proceso psíquico de elaboración de los sentimientos de culpa no tiene soporte en un proceso social que tendría la función de establecer las responsabilidades y apoyar a la víctima para expresar sus sentimientos de dolor e impotencia, sin cargar con la culpa de los hechos.

A pesar de que objetivamente los familiares de Aldo no tenían ninguna manera de prever los brutales ataques en contra de los estudiantes, expresan sentimientos de culpa por haberlo animado y apoyado para estudiar", señala el informe.

Afectaciones a familiares de normalistas asesinados

Las afectaciones a Marisa Mendoza, la viuda de Julio César Mondragón se dieron desde el momento en el que se enteró de que su esposo había sido desollado a través de imágenes que circulaban en internet.

"Me sentía al principio señalada Ya no me sentía segura ni tranquila porque sabía que en cualquier momento la gente me podía reconocer y podía hablar tanto de Julio como de mi y cosas peores", dice Marisa, quien desde entonces ha luchado porque se encuentre a los responsables de la tortura y asesinato de Julio.

El informe de Fundar señala que "la extrema crueldad con la que fue asesinado Julio César es un evento traumático que rebasa los recursos psíquicos de Marisa para elaborar la pérdida. Este aspecto del duelo traumático se ve reflejado en la dificultad que tiene Marisa para aceptar lo que pasó y la negación frente a la pérdida que se manifiesta en la esperanza de que el cadáver no sea el de Julio y algún día regrese".

Afectaciones en otros colectivos de familiares de desaparecidos en Guerrero

El informe documenta como la desaparición de los 43 estudiantes normalistas generó la expectativa de que este caso sería un parteaguas en la búsqueda y la investigación no sólo de los estudiantes de Ayotzinapa, sino de otros desaparecidos en Guerrero. Los familiares de otros grupos pensaban que la visibilidad del caso permitiría mostrar los patrones de las desapariciones y desapariciones forzadas y poder así encontrar a los desaparecidos.

"La frustración de esta expectativa abonó a que algunos grupos de familiares se involucraran en la búsqueda de fosas clandestinas por sus propios medios en la ciudad de Iguala, Guerrero, y en otros estados del país".