Sí hay avances en caso Ayotzinapa: ex procurador

Alberto López Rosas, ex titular de la PGJE, dijo que no hay ningún elemento que lo involucre con la muerte de los normalistas durante el desalojo a la Autopista del Sol hace dos años.
Mandos de la Policía Federal se presentarán hoy en la Comisión Instructora del Congreso de Guerrero, para declarar en relación con el desalojo de la Normal Rural de Ayotzinapa, el 12 de diciembre de 2011, que costó la vida a dos estudiantes y previamente a un empleado de una gasolinería.
(Milenio-Archivo)

El ex titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Alberto López Rosas aseguró que sí hay avances en el caso Ayotzinapa, aunque éste permanece impune.

El pasado nueve de diciembre el ex secretario de Seguridad Pública del gobierno de Guerrero, Ramón Almonte Borja solicitó al Congreso local la declaratoria de caducidad y sobreseimiento del juicio político que se sigue en contra suya y de Alberto López Rosas, por las presuntas responsabilidades cometidas en el caso Ayotzinapa.

Entrevistado al respecto, el ex procurador de justicia dijo que respetará los tiempos del poder Legislativo local.

"Mi postura es respetar los tiempos del Congreso, debe garantizarse una resolución apegada a derecho, bien sustentada, bien estudiada y por lo mismo yo respetaré esos tiempos a fin de que no por la premura se tenga que emitir una resolución fuera de la ley", respondió en entrevista durante una gira de trabajo por el puerto de Zihuatanejo.

López Rosas subrayó que no existió ningún elemento que lo involucrara con el asesinato de los dos normalistas de Ayotzinapa durante el desalojo a la Autopista del Sol.

"Me parece que fue un asunto mediático que se manejó sesgadamente y por lo mismo quiero que el Congreso lo analice y determine a conciencia, por eso es que he tenido paciencia para esperar su resolución", expresó.

Al cuestionarle sobre la impunidad que prevalece en el caso, el ahora titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social aseguró que sí hay avances en las investigaciones.

Sostuvo: "Es una equivocación decir que no hay avances en el caso, sí hay avances, encontrar que el gobierno del estado no tuvo nada que ver con los homicidios de los dos jóvenes, ese es un avance. Se absolvió a los policías ministeriales detenidos por decisión de un tribunal federal, ese es un avance".

Subrayó que las investigaciones aún no están terminadas y las autoridades correspondientes tienen que continuar con ellas para dar una explicación a la sociedad de lo que realmente ocurrió durante el desalojo a la Autopista del Sol.

El 12 de diciembre de 2011 los estudiantes Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino fueron abatidos a balazos por los policías durante un desalojo a la Autopista del Sol, sin que hasta el momento se conozca la identidad de los asesinos.

En ese entonces, López Rosas se desempeñaba como procurador de Justicia de Guerrero, por lo que la dirigencia estudiantil de Ayotzinapa solicitó un juicio político contra él y contra el entonces secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Ramón Almonte Borja.

Durante el proceso, ambos funcionarios fueron removidos de su cargo.

Los normalistas denunciaron al ex procurador de justicia de permitir que se alterara y manipulara la escena del crimen en la autopista, además de utilizar como chivo expiatorio al estudiante Gerardo Torres, a quien se acusó falsamente de portar un arma de alto calibre para culparlo del asesinato de sus compañeros.

En marzo de 2012, Alberto López Rosas recibió auto de formal prisión por presuntamente obstaculizar las investigaciones del enfrentamiento entre estudiantes normalistas y autoridades, en el que murieron dos jóvenes.

La Procuraduría General de la República (PGR) presentó pruebas contra el funcionario "por desviar, obstaculizar y encubrir la investigación".

Ante esta situación, López Rosas compareció voluntariamente ante el Juez de la causa, a quien respondió sobre los cargos imputados y promovió un amparo en contra del auto de formal prisión, la cual le fue concedida.

En febrero de este año, el ex fiscal informó que fue exonerado por el delito en la administración de la justicia en el caso Ayotzinapa, pero aún queda pendiente el delito de encubrimiento.