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Miércoles , 17.10.2018 / 12:07 Hoy

Autogobierno en penales de Jalisco, negocio millonario

Venta de droga, bebidas alcohólicas, prostitución, cobro de piso y extorsiones son parte de las actividades.

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La estancia para un recluso en el penal estatal de Puente Grande puede ser más o menos decorosa, dependiendo del dinero con que cuente. Y es que más allá de la autoridad con que se supone debe de contar un centro de reinserción social, existen mandos y jerarquías al interior de los penales, en algunos casos por la omisión, en otros por complicidad de directivos y custodios.

El autogobierno al interior del centro penitenciario no es nuevo, pues han salido a la luz figuras como las de Miguel Ángel Zazueta Ontiveros, alias El Mike, quien fue asesinado el 14 de enero de 2013 a bordo de una camioneta de lujo en la colonia San Carlos, luego de haber cumplido 15 años preso por diversos delitos graves y salir libre.

Hoy la situación no es muy diferente: Venta de droga, bebidas alcohólicas, prostitución, cobro de piso, extorsiones y cuotas de protección son el gran negocio que dejan millonarias ganancias a quienes controlan las actividades delictivas al interior del penal, situaciones que poco se ven, aunque no están ausentes en el resto de los centros penitenciarios de la entidad.

Un ejemplo de lo provechoso que puede resultar hacer negocios dentro de un penal son las tiendas, que en la mayoría de los casos están controladas por los internos. De acuerdo a un reporte oficial, en poder de MILENIO JALISCO, los centros penitenciarios del estado cuentan con 47 tiendas, de las cuales 33 son controladas no por la autoridad penitenciaria sino por los presos.

Esas tienditas, controladas por los internos, reportan compras a la comercializadora por 4 millones 700 mil pesos al mes, siendo el gasto promedio por recluso de 332 pesos; es decir, 156 mil 666 pesos al día, sin contar las ganancias que representa la venta de los productos.

Dicho reporte reconoce que la mayoría de las tiendas son controladas por los internos, en tanto durante 2014 lograron recuperar dos en el Centro de Reinserción Femenil, una tienda y una mercería en manos de las internas.

Y es que dentro del penal todo cuesta; quien tiene para pagar puede darse ciertos privilegios que solo la burguesía penitenciaria puede darse. Lo peor es que no es un asunto del que las autoridades no estén enteradas, pues pareciera que existe incluso la complacencia por parte de quienes administran las cárceles. El Diagnóstico Nacional Penitenciario (DNP) elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha reprobado con las más bajas calificaciones la gobernabilidad en el penal de Puente Grande, cinco puntos de diez.

De acuerdo al DNP, en el penal estatal de Puente Grande se detectó la existencia de “áreas de privilegios, de objetos y sustancias prohibidas y de internos que ejercen violencia o control sobre el resto de la población, así como cobros por parte de los custodios e internos”.

Todo ello, señala el documento, debido a deficiencias en el ejercicio de las funciones de autoridad por parte de los funcionarios del penal, así como el insuficiente personal de seguridad y custodia, personal femenino, para cubrir ausencias, vacaciones e incapacidades e inexistente suministro de equipamiento.

En algunas declaraciones hechas a medios de comunicación, la fiscal de Reinserción Social, Marisela Gómez Cobos, ha reconocido la existencia de autogobiernos al interior de los penales del estado; sin embargo, siempre ha rechazado que estos rebasen a la autoridad.

Según el Informe de las personas privadas de libertad derivado de la visita a México del relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, Juan Méndez, fue a partir del 2010 en que se hizo más notoria “la agudización de la sobrepoblación y el avance que tuvo el autogobierno y las complicidades entre autoridades penitenciarias con grupos del crimen organizado, quedando la población de reos en manos de los grupos delincuenciales. Cualquier actividad realizada por los presos es-era vigilada, controlada y fiscalizada por esos grupos. Los presos debían pedir permiso y hacer acuerdos con esos grupos y no con las autoridades para cualquier cosa que quisieran hacer”, se señala en el documento.

La sobrepoblación en los penales y la carencia de personal suficiente son factores que permiten que aflore el autogobierno en la cárcel y, según el reporte antes citado, “las entidades federativas con mayores porcentajes de sobrepoblación penitenciaria son Nayarit (128.74 por ciento), el Estado de México (97.82 por ciento), Hidalgo (87.52 por ciento) Distrito Federal (81.13 por ciento) y Jalisco (73.08 por ciento)”.

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