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Miércoles , 20.06.2018 / 16:28 Hoy

Alertan de posibles insurecciones indígenas por conflictos con mineras

José Martínez Veloz,  comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas, dijo que esperan una ley de consulta indígena para establecer protocolos de diálogo para evitar conflictos.


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Óscar Rodríguez

En México hay al menos 30 focos rojos por la disputa de terrenos entre comunidades indígenas y empresas mineras extranjeras que pueden representar un brote de insurrección civil, advirtió el comisionado nacional para el dialogo con los pueblos indígenas, José Martínez Veloz.

El ex diputado federal, dijo que tramitará un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para revocar los permisos de uso de suelo en poder de las empresas, a fin de devolverlas a los verdaderos poseedores de la tierra.

“Lo que estamos construyendo ahora es la ley de consulta indígena, que fue una recomendación de la ONU, para que nunca más haya un ex presidente que entregue a extranjeros lo que pertenece a los pueblos indígenas de México.”, dijo Martínez Veloz.

Según Martínez Veloz, durante los últimos tres sexenios, se entregaron como “estampitas navideñas” a las grandes trasnacionales un total de 96 millones de hectáreas del país, correspondientes a la mitad del territorio nacional, a empresas mineras extranjeras y nacionales.

Indico que se tienen identificado un total de 30 focos rojos, entre ellos Oaxaca con el caso de la mina de San José “El Progreso”, Baja California, Puebla, Veracruz, Chiapas, San Luis, Potosí, Durango, Nayarit, Morelos, Tlaxcala y Chihuahua.

Dijo que con la ley de consulta indígena se buscan generar protocolos de dialogo para evitar los conflictos, utilizando la vía legal, valiendo el recurso de amparo, o la revocación de la misma concesión.

Detallo que el país existe registrado hasta el año pasado 857 proyectos de explotación y extracción distribuidos en 16 estados destacando Sonora con 206, Chihuahua con 120, Durango con 97, Sinaloa con 85 y con 66, Zacatecas.

"El principal problema es que estas empresas no ven como socios a los pueblos indígenas, sino como un estorbo y explotan gravemente a los trabajadores y las zonas de asentamientos, por lo que se busca ahora es que los pueblos sean los socios de las empresas en la ejecución de los grandes proyectos de explotación sustentable de los recursos naturales.”, precisó.

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