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Sábado , 20.10.2018 / 12:00 Hoy

Acusan de abuso de poder a delegada agraria en Colima

El procurador nacional agrario ha recibido queja de la comunidad de Zacualpan contra María Elena Díaz Rivera, a quien señalan por estar ligada a intereses mineros.

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La dirigencia comunal de Zacualpan, en el Cerro Grande de los límites de Colima con Jalisco –comunidad acosada por proyectos de extracción minera- ha interpuesto queja ante el procurador general agrario, Cruz López Aguilar, en contra de su delegada en Colima, María Elena Díaz Rivera, a quien señalan de prepotencia y abuso de autoridad, y de apoyar a los intereses empresariales con los que están en pugna.

En un documento firmado el pasado 2 de septiembre, las autoridades comunales –encabezadas por Taurino Rincón Lorenzo-, señalan que la delegada “ordenó a Vicente Evangelista Teodoro y Daniel Aranda Vázquez, habitantes de la Comunidad y quienes en su momento encabezaron la toma y posterior bloqueo del acceso a los manantiales de Zacualpan en septiembre y diciembre del 2014 –acto que el comisariado juzga arbitrario e ilegal-, fijar una convocatoria para una asamblea general de comuneros a celebrarse en la Casa de Usos Múltiples de la Comunidad el día 6 de septiembre de este año a las 10:00 horas, en cuyo punto 4 de la orden del día se puede leer ‘Elección de los Integrantes del Comisariado de Bienes Comunales y Consejo de Vigilancia”, es decir, la funcionaria pretendía una especie de “golpe de Estado” en contra de la autoridad comunal legítimamente constituida.

“Para nosotros, como comuneros e indígenas pertenecientes a la Comunidad de Zacualpan, la omisión y negligencia por parte de todas las autoridades federales, estatales y municipales, incluyendo a la Delegación Federal de la Procuraduría Agraria en Colima, para dar solución al conflicto generado por la imposición de la mina y el despojo de nuestros bienes comunales, como el balneario Ojo de agua, es resultado de política de discriminación que vulnera nuestros derechos con la pretensión de despojarnos de nuestro territorio indígena”, le dicen al procurador.

Otros hechos: “el pasado 21 de agosto […] la delegada acudió a la comunidad, a la Casa de la Mujer Campesina, sostuvo una reunión con un grupo de personas vinculadas a Carlos Guzmán Teodoro, expresidente del Comisariado de Bienes Comunales [favorable a la extracción minera, y por ello, destituido en 2014]; al concluir la reunión a la que hacemos referencia en el punto que antecede, la delegada […] tuvo un comportamiento inaceptable para un funcionario público al referirse a un grupo de mujeres integrantes del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan como ‘gente de la baja’ [sic] al tiempo que se refería así misma y a quienes la acompañaban como ‘gente de la alta”.

El contexto. “Carlos Guzmán Teodoro, durante su gestión como presidente del comisariado de Bienes Comunales, incluyó en la orden día de diversas asambleas, un punto para autorizar la instalación en nuestro territorio una mina de oro, plata, cobre y manganeso a cielo abierto a menos de un kilómetro del área urbana de nuestra comunidad. Detonando con esta propuesta un proceso por la defensa de nuestras tierras en contra de la amenaza de la minería que aun hoy continúa. En cuatro ocasiones posteriores la asamblea general de comuneros rechazamos la propuesta y no autorizamos la entrada de la mina a nuestro territorio, sin embargo […] Guzmán Teodoro, violando la Ley Agraria y el estatuto comunal, no realizó ni inscribió las actas correspondientes ante el Registro Agrario Nacional (RAN)”.

El 1 de diciembre de 2013, “el aun comisario convoca a una asamblea para tratar nuevamente el asunto de la mina y al verse en clara desventaja cancela la reunión sin justificación evidente. Ese mismo día, quienes nos oponemos a la minería en nuestra comunidad, decidimos llevar a cabo una reunión con comuneros y avecindados donde, de acuerdo a nuestros usos y costumbres, decidimos conformar el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan así como destituir al Comisariado y al Consejo de Vigilancia, y declarar Zacualpan, Territorio Libre de Minería. Igualmente acordamos solicitar a la Delegación Federal de la Procuraduría Agraria en Colima convocara a nueva Asamblea General de Comuneros”.

Ante esta situación, “cansados de la impunidad y de las faltas constantes a nuestro estatuto comunal por parte del comisariado y del consejo de vigilancia y sin la intervención oportuna de la Delegación de la Procuraduría Agraria, el 23 de febrero de 2014, reunidos en asamblea general, ante más de 85 comuneros reconocidos y de acuerdo con nuestros usos y costumbres, decidimos por unanimidad destituir al comisariado, por considerar que sus intereses en relación con la minería, le impiden defender correctamente nuestro territorio comunal. En esa misma asamblea fueron nombradas como nuevas autoridades agrarias Guadalupe Carpio Rincón, Epitacia Zamora Teodoro y Olivia Teodoro Aranda, lo cual consta en Acta de Asamblea pasada ante la fe Pablo Castañeda de la Mora, Notario Público adscrito a la Notaría cuatro de la ciudad de Colima, Colima. Igualmente, la Asamblea acordó rechazar el proyecto minero y declarar Zacualpan como Territorio Libre de Minería, además de reconocer que el comisariado de bienes comunales es quien debe administrar el balneario Ojo de Agua, propiedad de la comunidad indígena, que durante años estuvo fue administrado por caciques que nunca rindieron cuentas a la comunidad”.

Ante la posterior impugnación de Carlos Guzmán Teodoro, ahora comisariado depuesto, “el Tribunal Unitario Agrario en el expediente 81/2014, emitió una sentencia y declaró la validez de la Asamblea del 23 de febrero de 2014 referida en el punto que antecede. Esta sentencia reconoce además a las autoridades agrarias que elegimos de manera mayoritaria, aunque sólo como autoridades sustitutas, por lo que también ordena la realización de una nueva asamblea para elegir nuevos órganos de representación y vigilancia”.

El 30 de Noviembre de 2014, “en cumplimiento a la resolución de un Tribunal Colegiado, la Procuraduría Agraria, realizó las elecciones agrarias, sin tomar en cuenta a las autoridades electas de manera sustituta y con un gran operativo de seguridad pública, en la que no se permitió la entrada de observadores y prensa. En esta Asamblea se eligió como autoridades agrarias para un periodo de tres años a los suscritos, por lo que los comuneros opositores a la mina en nuestro territorio volvimos a ganar las elecciones. Como autoridades legalmente electas, realizamos una primera asamblea comunal el 28 de diciembre de 2014 en donde los comuneros mandataron a las autoridades agrarias a tomar posesión y administrar todos los bienes de la Comunidad incluyendo el Balneario Ojo de Agua, dos días después, el comisariado acompañado de comuneros recuperaron del Balneario Ojo de Agua; sin embargo, el grupo del ex presidente de bienes comunales Carlos Guzmán cerró el paso al Ojo de Agua y desde ese día no se permite la entrada a visitantes, ni el libre acceso de comuneros”, destacan. El conflicto, así, está lejos de resolverse.

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