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Miércoles , 26.09.2018 / 08:57 Hoy

Acueducto: 25 años sin indemnización

Las obras pasaron la propiedad aproximadamente en 1992, sobre 8,500 metros cuadrados, sin notificación previa, con daño patrimonial pues se seccionó el terreno.

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Dos vecinos de Ixtlahuacán de los Membrillos interpusieron ayer por la mañana una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, debido a que un predio rústico que poseen desde 1985 fue afectado por el paso del acueducto Chapala- Guadalajara, y –aseguran- jamás se les pagó una indemnización.

Los propietarios Mario y Salvador Villaseñor, en compañía de su abogado Mauricio Virues Carrera, señalaron que las obras pasaron por su propiedad aproximadamente en 1992, sobre 8,500 metros cuadrados, sin notificación previa, con daño patrimonial pues se seccionó su terreno y se redujo fuertemente su plusvalía, y que desde esa fecha, han debido bregar año con año entre oficinas municipales, y sobre todo, del gobierno estatal y del SIAPA.

"Todos estos trámites nos han llevado a gastar mucho dinero sin ninguna utilidad; por eso nos cansamos de no obtener respuesta, hasta que el abogado [Virues Carrera] nos dijo que podíamos presentar esta queja para tratar de reactivar el asunto a ver si ahora ya nos pagan la afectación", señaló Mario.

El caso estuvo a punto de resolverse hace trece años, pero el entonces titular del SIAPA, Antonio Aldrete, le habría pedido "moche" por desatorarlo, aseguró el parvifundista. "La verdad me molesté bastante porque dije ¿aparte de que me quitan un predio, todavía me piden moche?, no se vale [...] no recuerdo cuánto fue, y no debí decirlo", intentó recular el denunciante. A su juicio, lo esencial es que el tema tiene 25 años, ha generado al menos quince peticiones formales, por escrito, y ni siquiera la voluntad de un secretario General de Gobierno (Héctor Pérez Plazola, en las fechas del "soborno") fue suficiente.

El abogado aseguró que el comienzo de la acción de ocupación del predio de los hermanos Villaseñor es 1992, pero se trata de una "acción continua" en la cual no operaría prescripción. Por ello, confía en que de forma administrativa, la CEDHJ recomiende que se haga el trámite correspondiente para la liberación del pago. El único avalúo que se posee del terreno data de esos trece años aludidos, y registra 250 pesos por metro cuadrado.

"No pedimos medidas cautelares porque sabemos que el acueducto es un servicio público para el abastecimiento del agua de la zona metropolitana y no estamos en contra del uso de la infraestructura; sólo queremos que se les dé a los señores lo que les corresponde, que tras tantos años reciban justicia por sus bienes de que fueron desposeídos", subrayó el abogado.

SRN

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