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Martes , 11.12.2018 / 01:41 Hoy

Acepta PGJE de Tlaxcala recomendación por tortura contra ex policías

Los efectivos fueron asegurados bajo la orden de la entonces Procuradora, Alicia Fragoso Sánchez.
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Derivado de actos de tortura cometidos en contra de ex elementos policiacos que fueron detenidos por presuntamente participar en el delito de secuestro exprés el pasado 22 de enero de 2015, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), aceptó la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Lo anterior lo informó el ex mando policía y victima Jorge López Pérez, el cual se entrevistó con el Presidente Comisionado de la (CEDH), Víctor Cid del Prado, quien le informó que la dependencia aceptó la recomendacion, para resarcir los daños psicológicos, morales, económicos y físicos a los afectados, por lo que tendrán 15 días hábiles para atender los señalamientos del organismo autónomo.

En este contexto comentó que aún desconoce cómo será el proceso para atender las recomendaciones; quizás se nombre algún enlace o mesas de trabajo, pero ya serán las instancias gubernamentales que indiquen los mecanismos a seguir, manifestó.

Agregó que hasta el momento se trata de una respuesta parcial a lo que toca a su persona, por lo que ahora tendrán que hacer todo lo necesario para limpiar su imagen, y dejar claro ante la opinión pública que siempre fue inocente y que jamás ha cometido un delito como el que intentaron imputarle falsamente.

“A mí me exhibieron públicamente a nivel nacional e internacional, junto con Juan Carlos Yáñez, nos imputaron cuatro secuestros, que jamás cometimos ni ordenamos”, refirió.

Para contextualizar la información, López Pérez el 22 de enero de 2015, fungía como director de la Policía Estatal Acreditable y fue detenido junto con cinco compañeros más, Juan Carlos Yáñez Osorno quien se desempeñaba como delegado de la Policía Estatal en Apizaco, Abel Hernández Pérez, Efrén Rodríguez Mariano, Gema Clara Badillo Lara y Luis Héctor Grande Tlapale.

Los efectivos fueron asegurados bajo la orden de la entonces Procuradora, Alicia Fragoso Sánchez, con el argumento de que estaban vinculados con cuatro secuestros expréscometidos en los Municipios de Huamantla y Apizaco.

Los detenidos en ese entonces recibieron choques eléctricos, golpes, cortadas en las muñecas y métodos de asfixia para tratar de inculpar en un caso de secuestro exprés.


ARP

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