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Miércoles , 19.09.2018 / 05:01 Hoy

Por abusos en marchas, emite CDHDF 3 recomendaciones

Las recomendaciones se dirigen a la SSPDF, la PGJDF, el Tribunal Superior de Justicia y la Consejería Jurídica del DF, por la violación de derechos humanos de 90 personas, en marchas de 2013 y 2014.

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La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) presentó tres recomendaciones por violaciones a derechos humanos cometidos en contra de jóvenes en el marco de las marchas realizadas el 10 de junio y el 2 de octubre de 2013, así como el 22 de abril de 2014 en la Ciudad de México, en las que se reconoce que los policías violaron los derechos humanos de los detenidos al agredir física y sin justificación a 69 personas .

La autoridad señalada como responsable es la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), entonces encabezada por Jesús Rodríguez Almeida.

En los acontecimientos del 2 de octubre de 2013, se señala como autoridades recomendadas a la Procuraduría General de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, todas del Distrito Federal.

Las recomendaciones se derivan de la integración de 11 expedientes de queja, iniciados en 2013 y 2014.

Éstos se relacionan con los operativos policiacos implementados el 10 de junio y el 2 de octubre de 2013, así como el 22 de abril de 2014, durante las manifestaciones públicas y protestas sociales en las conmemoraciones de los hechos ocurridos el 10 de junio de 1971, denominado El Halconazo, y el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Cuturas, así como el 22 de abril de 2014, en la marcha denominada “El silencio contra la ley Telecomm”.

Perla Gómez, titular de la CDHDF, al presentar las recomendaciones explicó que de las investigaciones realizadas por ese organismo, se acreditaron violaciones al derecho a la manifestación, en relación con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y derecho de reunión.

También se dieron violaciones al derecho a la libertad personal en conexidad con el derecho al debido proceso y a las garantías judiciales; al derecho a la integridad personal, y al derecho a defender derechos humanos, en agravio de 90 personas en total: 23 mujeres, 61 hombres y 6 adolescentes.

Se comprobó que durante las tres manifestaciones, elementos de la SSPDF no se apegaron a las funciones de seguridad pública y a los principios de actuación de los cuerpos policiales contenidos en las normas y criterios nacionales e internacionales, vulnerando así el derecho a la manifestación como ejercicio del derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión.

Y que los elementos de la SSPDF detuvieron injustificadamente a personas que participaron en las referidas manifestaciones, sin cumplir con los requisitos legales señalados para ello, como ponerlos inmediatamente a disposición de autoridad competente e informarles de las causas y motivos de la detención, violando su derecho a la libertad personal.

De la misma manera, funcionarios públicos de la PGJDF dictaron acuerdo de retención respecto a una persona, sin que constara la declaración del policía que llevó a cabo su detención en la que figurara la conducta que se le imputó.

Por su parte, funcionarios públicos del TSJDF no llevaron a cabo las diligencias necesarias para garantizar el derecho a una defensa adecuada de seis personas, pues no realizaron todas las acciones a su alcance para obtener y valorar una prueba ofrecida durante el plazo constitucional, que resultaba clave para determinar su situación jurídica.

A su vez, funcionarios públicos de juzgados cívicos dictaron en ciertos casos determinaciones en las que no se realizó el análisis de las constancias de los expedientes, pues a pesar de que las personas detenidas negaron la imputación, la sanción se impuso bajo el argumento del reconocimiento expreso de la conducta que los policías dijeron habían cometido.

También se comprobó que elementos de la SSPDF agredieron físicamente y sin justificación alguna a 69 personas.

Además, elementos de la SSPDF obstaculizaron la labor de documentación y defensa de los derechos humanos de las personas manifestantes defensoras de derechos humanos y de visitadores adjuntos de la CDHDF, vulnerando el derecho a defender los derechos humanos.

Gómez Gallardo recordó que a más de dos años de la emisión y aceptación por parte de la SSPDF de las medidas contenidas en la recomendación 7/2013, no se ha concretado la creación de una comisión para la reforma de la policía, en la que participen actores gubernamentales, de la sociedad civil y de la academia especializada en el tema, así como de la CDHDF y la misma policía del Distrito Federal.

La comisión referida recomienda al titular de la SSPDF, entre otras medidas, que realice un acto de reconocimiento de responsabilidad, se investigue y determine la responsabilidad en disciplina policial, tanto por las acciones y omisiones en las que incurrieron policías adscritos, mandos operativos y superiores en las tres manifestaciones aludidas, evitando cualquier acción u omisión que genere la revictimización de las y los agraviados.

También recomienda que indemnice los daños materiales e inmateriales causados a las víctimas, formule denuncia ante la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGJDF, a fin de que se investiguen los delitos en que pudieron incurrir policías adscritos, mandos medios y superiores de la SSPDF, por sus acciones y omisiones en los operativos desarrollados en las tres manifestaciones.

Al magistrado presidente del TSJDF y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal se le recomienda que este último inicie el procedimiento administrativo en el que se determine si el juez 40 penal del Distrito Federal, en la causa 235/2013, incurrió en falta al no realizar las medidas necesarias para recabar una de las pruebas admitidas, a fin de valorarla al resolver la situación jurídica de las personas inculpadas.

Al consejero Jurídico y de Servicios Legales se recomienda que dé vista a la Contraloría Interna a fin de que se inicie el procedimiento correspondiente para determinar la responsabilidad en la que incurrió el juez cívico en GAM-02, al determinar la imposición de sanciones sin realizar el análisis de las constancias de los expedientes, a pesar de que las personas detenidas negaron la imputación.

Por su parte, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en calidad de autoridad colaboradora, se le solicita haga del conocimiento de las comisiones encargadas de los temas de justicia y de derechos humanos, a efecto de que se deroguen los tipos penales de ultrajes a la autoridad y ataques a la paz pública, contemplados en los artículos 287 y 362 del Código Penal del Distrito Federal.

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