Ningún abuso en el caso Alondra

A la menor se le practicaron pruebas de ADN en Estados Unidos para verificar si era la niña que fue sustraída de aquel país por su padre; ya está de vuelta en su casa en León.
La joven manifestó su felicidad por haber regresado con su familia.
La joven manifestó su felicidad por haber regresado con su familia. (Mario Armas/AP)

México y León

Ninguna autoridad violó la ley ni convenio internacional alguno al haber entregado a Estados Unidos a la guanajuatense Alondra “N”, de 14 años de edad, de quien se creyó fue sustraída ilegalmente de su hogar.

Al demostrarse que no era la misma persona buscada, la Autoridad Central de EU devolvió a la menor a México para que se reuniera con su familia, con la que ha pasado toda su vida.

La entrega de Alondra a EU se realizó con base en un trámite de restitución internacional que marca la Convención de La Haya sobre los aspectos civiles en sustracción internacional de menores, de la que México forma parte desde el 6 de marzo de 1992.

Funcionarios del gobierno federal y del Poder Judicial explicaron que Cinthia Elodia Mercado García, juez primero de lo civil, en Los Reyes, Michoacán, solo revisó que el procedimiento de restitución estuviera apegado a derecho y que la adolescente no corriera peligro.

A la juzgadora no le corresponde valorar u ordenar pruebas, sino solo acatar el mandamiento internacional y decidir si la menor viajaba, siempre y cuando la nación demandante cumpliera con los requisitos.

Alondra tampoco se podía oponer a su entrega. Aunque la Convención otorga el derecho a los menores a no ser enviados a otro país, si estos se oponen, la adolescente no cumplía con un requerimiento que se necesita: tener 16 años.

Al constatar que se cumplían las obligaciones, la juzgadora ordenó la entrega de la menor a la Autoridad Central de Estados Unidos, la que inició el trámite de restitución en 2007.

Las estadunidenses eran la únicas autoridades que podían ordenar la práctica de pruebas, entre ellas la de ADN, para verificar si se trataba o no de la persona que buscaban.

Dicha medida es aplicada por nuestro país en casos de sustracción de menores. Aquí, la Autoridad Central es la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Una vez en territorio, Alondra nunca estuvo bajo la custodia de la mujer que aseguró ser su madre. La menor quedó a disposición de la Autoridad Central.

LOS HECHOS

El pasado 16 de abril, la juez Mercado García ordenó a elementos de la Procuraduría General de la República adscritos a Interpol-México, en coordinación con la Dirección de Derecho de Familia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), localizar y recuperar a la niña, pues había pistas de que se encontraba en Guanajuato.

Desde 2007, la SRE recibió la solicitud de retorno de la pequeña sustraída de Estados Unidos por su padre.

En ese momento, la información apuntaba a que la infante podría encontrarse en Tacátzcuaro, Michoacán. El expediente fue remitido a la autoridad judicial de esa entidad. Sin embargo, se perdió el rastro de la menor.

En marzo de 2015, la autoridad central volvió a informar que la madre viajó a Guanajuato e identificó a su hija.

El mandamiento judicial se cumplimentó el pasado 17 de abril, cuando los agentes de Interpol arribaron a una escuela de Guanajuato donde estudia Alondra. En todo momento, la menor estuvo acompañada de su padre.

El trayecto a Michoacán se realizó por carretera. Las autoridades detuvieron el vehículo para que la menor y su padre comieran.

Una vez que llegaron al juzgado, Alondra fue notificada por la juez que iba a ser enviada a EU, pues existía la presunción que había sido sustraída ilegalmente. Tras escuchar la noticia la menor entró en shock y comenzó a gritar y llorar. Dos agentes de la Policía Federal tuvieron que intervenir para que la niña no se hiciera daño.

Un día después y desde Houston, Texas, Alondra mandó un mensaje —a través de un video que subió a su perfil de Facebook— donde reconoció que se alteró y pidió a sus padres que no se preocuparan, que solo le iban a hacer unos exámenes para saber si era hija de otra mujer.

En entrevista con MILENIO, Cinthia Elodia dijo que la petición de restitución cumplía con todos los requisitos, entre ellos, las indagatorias que se habían realizado en este caso.

“Nosotros como Estado participante debemos cumplir con la solicitud de esta convención, cuyo objetivo es recuperar. Aquí (en México), nosotros no podemos resolver algún tipo de cuestionamiento diverso al de una recuperación, es decir, nosotros tenemos que determinar si el menor se va o se queda.

“No podemos hablar sobre este tipo de cuestiones, de custodia, patria potestad, identidad, cuestiones de filiación. A nosotros no nos corresponde conocer (pruebas), porque es un trámite que se sujeta a los lineamientos de esta convención”, explicó.

DE VUELTA AL HOGAR

Alondra regresó ayer a León, Guanajuato. La niña fue recibida en el aeropuerto por sus padres y autoridades de la SRE y del Instituto Nacional de Migración (INM).

La prueba de ADN practicada a Alondra, en Houston, Texas, demostró que no es hija de Dorotea García Macedo, quien busca a su niña desde hace ocho años.

A su llegada, la menor de edad manifestó encontrarse bien y feliz por estar de vuelta.

Agradeció al gobernador Miguel Márquez Márquez y a los medios de comunicación que siempre estuvieron al tanto de su salud y de lo que ocurría con ella.

Gustavo Luna Romero, padre de Alondra, dijo que no le guarda rencor a Dorotea, pues es una víctima.

Al respecto, Susana Núñez, madre de la Alondra, comentó: “Ya queremos disfrutar a nuestra hija, estamos todos bien y ya nos queremos ir a casa, no tengo más palabras que decir”.

INVESTIGARÁN

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que inició una queja por el caso de Alondra.

Indicó que existe una queja porque los agentes policiales sustrajeron a la menor de la escuela, a quien llevaron ante la jueza, quien otorgó la custodia de la adolescente a una mujer de EU.

Por ello, solicitará informes a la Policía Federal y a la Procuraduría General de la República.

Mientras tanto, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim)  afirmó que la actuación de las autoridades, en el caso de la niña Alondra  “ha generado incertidumbre jurídica al violentar las garantías judiciales de ser escuchado, actuar con imparcialidad y tener un juicio justo”.