Gobierno federal interviene en caso de negligencia médica

Valente Gallardo Ramos llevó a la Secretaría de Gobernación el expediente conformado con 40 peritajes de especialistas. 

Ciudad de México

La Secretaría de Gobernación y representantes de la Presidencia de la República se reunieron con Sergio Valente Gallardo Ramos, padre del menor de edad que falleció por el presunto delito de negligencia médica, para analizar el expediente elaborado por 40 peritos acreditados por la Procuraduría General de la República y que derivaron en que se giraran ordenes de aprehensión contra 16 médicos del Hospital de Pediatría del IMSS de Jalisco.

Alfredo Rodríguez García, médico forense coadyuvante ante la PGR y el juez para la revisión del caso, explicó que Valente Gallardo Ramos llevó a Gobernación el expediente conformado con 40 peritajes de especialistas con maestría, doctorados, que fueron esenciales para que el Juez Tercero del Distrito de Procesos Penales Federales emitiera, el pasado 20 de mayo, 16 órdenes de aprehensión por negligencia y homicidio culposo por el deceso del menor Roberto Edivaldo Gallardo en el Centro Médico Nacional de Occidente del Seguro Social, en Jalisco.

Si bien, explicó Rodríguez García, las autoridades ministeriales determinarán las sanciones, lo que procede conforme a derecho es fijar el pago por concepto de daño moral, que superaría los 4 millones de pesos, que debe de pagar el Instituto Mexicano del Seguro Social por ser el prestador del servicio y, en el caso de los 16 médicos no pisarán cárcel pero podrían ser inhabilitados por 10 años o más de su práctica profesional.

“Yo fui nombrado como coadyuvante ante la PGR y el juez para la revisión del caso. Hice todo el análisis para la integración del expediente elaborado por más de 40 especialistas, pediatras, cirujanos, anestesiólogos, para revisar el caso, El dictamen de la autopsia corrió a cargo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, del perito forense, Luis Valtierra Estrada así como otros reconocidos patólogos y expertos, que determinaron que tenía tuberculosis intestinal”, dijo en entrevista con Milenio.

Rodríguez García, quien ha recibido múltiples reconocimientos internacionales, aseguró que este caso deberá replantear la labor que realiza la Comisión Nacional de Arbitraje Médico que en este caso dictamino “mala praxis” sin responsabilidad del médico, pero que en realidad se ha dedicado a proteger a la mala medicina.

Por ello, explicó, en México sólo 1 de cada 100 casos donde se presume negligencia, impericia, de parte de los prestadores de servicio escala y llega a los tribunales, y en tres casos se han documentado, hasta ahora, sanciones que van desde la reparación del daño con sumas millonarias hasta la inhabilitación, retiro de cédula profesional, de los médicos.

En el caso del deceso Roberto Edivaldo Gallardo, de 15 años de edad, hay evidencias de que aunque los 16 médicos no actuaron con dolo, es decir, jamás fue su intención matarlo o que muriera, si incumplieron con una serie de protocolos médicos, éticos, que los llevó a cometer errores como no informar al padre, a través de la figura de “Conocimiento informado”, de las sietes cirugías.

El menor era asmático y entró a urgencia el 15 noviembre de 2009 por una supuesta influenza. “No estaba obeso”, como dicen los del #YoSoy17. Cuando se descartó influenza se procedió a realizarse una laparoscopía exploradora debido a presentaba una anormalidad en el abdomen.

Le colocaron dos catéteres subclavios. Lo hicieron mal. Luego los médicos se equivocan y perforan el pulmón por lo que se llenó de sangre la cavidad toraxica. Sin informar al padre, extirparon, primero, un pedazo de intestino, que no se mandó a patología y no hubo diagnóstico, y en las siguientes cirugías se continuó extirpando hasta el 70 por ciento de ese intestino.

El juez hizo los interrogatorios y fueron los 16 médicos los que respondieron. Una de las preguntas fue ¿Por qué el menor tenía sangre en el abdomen? La respuesta es que rompieron la vena subclavia. ¿Por qué se rompió? Preguntó el juez y le contestaron “por un error, esto fue reconocido por los propios médico. Esto es único, perforaron ambos lados y quisieron cubrir su error con un sello de agua.

“Hay una fase que ellos no revisan, el niño entra en choque hipoglucémico, pierde 4 litros de sangre y es transfundido con 4 litros de sangre. El sangrado interno seguía. El menor ya no reaccionó, entró en un estado de coma, de inconsciencia y muerte cerebral. Todo esto sucedió durante 57 días, 7 cirugías. En ese lapso no se convocó a una reunión de expertos de medicina de todas áreas para manejar el caso. Cada detalle de su negligencia e impericia, validada por el equipo médico científico avalado por la PGR, están debidamente documentadas.

La Conamed, conforme a su actuar, sólo puede mediar, a llegar a un acuerdo antes de pasar a lo penal. Incluso sugirió que la autopsia se hiciera  en el Centro Médico Nacional de Occidente, para cubrir los errores, pero el padre opta por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses donde se detectó el origen del problema y de ahí los familiares determinaron que había elementos para la demanda.

“La Conamed es un elefante blanco. Carece del equipo médico para realizar un trabajo de investigación. Se limitan a trabajar con abogados para llegar a un acuerdo. Hay una realidad, como lo esta evidenciando un nuevo caso, no hay médicos certificados y especialistas. En la práctica privada, por ejemplo, se opera en lugares sin equipo básicos, de reanimación, sin tener conocimientos. Se debe hacer una reforma legal para que los pacientes tengan atención de calidad y los médicos se apeguen a protocolos, porque ahora resulta que le echan la culpa a la falta de insumos e infraestructura, a todo menos a sus errores por desconocimiento”.