Avalan en Veracruz ley antiaborto de Duarte

Pretende encarcelar a quienes se realicen un legrado. Criminaliza a las mujeres y vulnera a las pobres y a las indígenas, acusa ONG0.
El Congreso de Veracruz.
El Congreso de Veracruz.

Veracruz

El Congreso de Veracruz aprobó, sin debate pero entre polémica, la iniciativa que reforma el artículo cuarto de la Constitución estatal y adiciona un decreto para "proteger el derecho a la vida desde la concepción".

Con el voto a favor de 38 legisladores, seis en contra y una abstención, el Legislativo local, "por obvia y urgente resolución", avaló la iniciativa enviada por el gobernador Javier Duarte de Ochoa que adiciona un párrafo al artículo cuarto: "El estado garantizará el derecho a la vida del ser humano desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, como valor primordial que sustentará el ejercicio de los demás derechos; salvo las excepciones previstas en las leyes".

La iniciativa de reforma constitucional fue considerada por activistas como un retroceso en los derechos humanos y criminaliza a las mujeres al pretender encarcelarlas solo por el derecho a decidir sobre su cuerpo.

Aracely González Saavedra, integrante del Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres, Asociación Civil (Equifonía), recordó que en el país los abortos mal practicados son la tercera causa de muerte materna y con esta ley se pone en situación vulnerable a las mujeres pobres e indígenas que no pueden pagar un aborto en condiciones seguras.

De 2000 a 2008 en México murieron 767 mujeres por abortar, pero se hospitalizaron un millón 590 mil 233 por la misma causa solo en hospitales públicos, de los cuales 82 mil 868 correspondieron a Veracruz.

De acuerdo con los datos del INEGI y la Secretaría de Salud proporcionados por González Saavedra, Veracruz ocupa el tercer lugar nacional en tasa de letalidad por abortos, superada por Chiapas y Oaxaca, y por encima del Estado de México y la Ciudad de México.

Pese a lo anterior, con la aprobación de la ley denominada "Sí a la vida", el gobierno estatal se preocupa más por señalar y penalizar a las mujeres que abortan, que por mejorar sus condiciones económicas y de seguridad en el país, reclamó la entrevistada, quien adelantó que buscarán las vías jurídicas para impugnar la reforma que retrocede y vulnera los derechos fundamentales de las veracruzanas.

La diputada Mónica Robles, una de los seis diputados que votó contra dicha ley, advirtió en tribuna que se cometía un atropello a la soberanía legislativa y a los derechos de las mujeres.

La diputada del Partido Verde Ecologista apuntó que se están violando los derechos de las mujeres, especialmente las más pobres, porque son las que recurren a la interrupción del embarazo al no haber posibilidades de mantener un hijo.

"Que quede claro que con estas iniciativas se busca cerrar la puerta a una posible legalización del aborto, que no es el caso del estado, pero lo que sí se dará es la criminalización de las mujeres que recurren a un legrado".

Durante la votación integrantes de organizaciones civiles se manifestaron contra la ley y criticaron que los legisladores hayan accedido a las presiones de la Iglesia.


DF, unica entidad donde la Corte asumió el caso

Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación en el DF en 2008, esta es la única vez que el pleno ha tocado el tema contra una entidad federativa.

El resto de los casos que han llegado a la SCJN tienen que ver con amparos promovidos por mujeres de otros estados, a quienes se les ha negado interrumpir su embarazo.

En 2013, la Corte anuló la reforma constitucional de Querétaro, que fue aprobada en 2009, en la que se protege la vida desde el momento de la concepción, con el propósito de impedir que las mujeres aborten.

Con ocho votos a favor y tres en contra, el pleno de la Corte invalidó el párrafo cuarto del artículo segundo de la Constitución local, ya que el Congreso violó el debido procedimiento para su aprobación.

Detectó que una vez publicada en un diario local, no fue ratificada por las dos terceras partes de los municipios, es decir por 12 de los 18, sino sólo por dos.


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