Va Fiscalía por dos diputados de Morelos

La dependencia solicitó los juicios de procedencia al Congreso del estado, contra Manuel Martínez Garrigós y Alfonso Miranda Gallegos. Se les acusa de peculado y ultrajes a las autoridades.
Fiscal General de Morelos, Rodrigo Dorantes Salgado.
Fiscal General de Morelos, Rodrigo Dorantes Salgado. (David Monroy)

Cuernavaca

La Fiscalía del estado de Morelos (FGEM), solicitará al Poder Judicial haga comparecer a los legisladores locales, Manuel Martínez Garrigós y Alfonso Miranda Gallegos, para que respondan por los delitos de peculado y ultrajes a las autoridades.

Una vez que un juez local determinó que los legisladores no cuentan con fuero y que no es necesario realizarles juicio de procedencia para quitarles dicha protección constitucional para ser enjuiciados, Rodrigo Dorantes Salgado, titular de la FGE afirmó que el procedimiento que resta para que los diputados paguen sus cuentas con la ley, es que sean llamados ante un juez.

"En ese llamado, nosotros le pediremos al juez que haga la formulación de imputación" de los delitos de los que se les responsabiliza.

En el caso de Manuel Martínez, por ilícitos cometidos durante su paso por la presidencia municipal de Cuernavaca, y en el caso de Miranda por actos cometidos contra dos policías a quienes amenazó y agredió cuando detuvieron un camión de su propiedad que tenía reporte de robo.

Dorantes Salgado dijo que en el caso de Miranda, la dependencia a su cargo tiene en su contra siete denuncias por diversos delitos, una de ellas por secuestro.

En entrevista, el Fiscal recordó que en ambos casos, la dependencia que encabeza solicitó los juicios de procedencia al Congreso del estado, por "recomendación" del Poder Judicial, pues algunos integrantes se manifestaron temerosos de recibir los casos, mientras no se les quitara el fuero.

Ello, pese a una reciente reforma a la constitución local del 2013, que quitó la protección constitucional a diputados, alcaldes y regidores.

Sin embargo, ahora que un juez determinó que los legisladores no cuentan con ningún tipo de protección, sus procedimientos penales continuarán a partir de donde se quedaron.