Indígenas de Chiapas buscan expulsar a presuntos talamontes

Desde el año 2009, alrededor de 26 familias indígenas se trasladaron a Mitzitón para iniciar un nuevo asentamiento en un área de mil 800 hectáreas.

Tuxtla Gutiérrez

Adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona pretenden arrasar con una comunidad habitada por presuntos talamontes destruyendo sus viviendas en la comunidad Mitzitón del municipio de San Cristóbal de las Casas, para evitar la destrucción de la selva.

Desde el año 2009, alrededor de 26 familias indígenas se trasladaron a Mitzitón para iniciar un nuevo asentamiento en un área de mil 800 hectáreas, construyendo sus viviendas con madera del lugar, no obstante, los simpatizantes zapatistas sostienen que continúan con la explotación forestal ilegalmente, surgiendo una “banda” delictiva denominada “Los Camarones”.

Este domingo resurgió la violencia cuando los adherentes a la Otra Campaña decidieron hacer justicia por su propia mano destruyendo al menos una docena de viviendas y reteniendo a unos nueve indígenas, luego de que “Los Camarones” desobedecieran a la asamblea ejidal y continuaran talando árboles.

A través de un comunicado, los indígenas de Mitzitón originarios de la zona informaron que las familias antagónicas deberán de salir de la comunidad de inmediato luego de ser sometidos a las sanciones de las autoridades locales, según sus usos y costumbres.

Reiteraron su indignación por la falta de atención de la Procuraduría de Justicia del estado al no atender las denuncias presentadas por la tala inmoderada, hecho que también compete a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, cuya delegación en Chiapas es representada por Jorge Constantino Kanter.

Aseguraron que la explotación maderera ilegal es utilizada para comercializarla en la Península de Yucatán donde se construyen hoteles de lujo, manipulando su traslado para hacerlo pasar como un comercio legal.

A la zona de conflicto arribó la delegada de Gobierno Ana Karen Ballinas sin que hasta el momento se conozca el resultado de las negociaciones con los grupos indígenas, quienes mantienen bloqueada la carretera Panamericana en protesta para evitar su expulsión de la zona.

En octubre de 2013, Gregorio Gómez Jiménez y Domingo Díaz Jiménez fueron detenidos por la Procuraduría del estado luego de secuestrar y golpear a policías estatales, por quienes exigieron un rescate de 80 mil pesos en efectivo.