Sin pruebas, para desaforar a Abarca antes de caso Iguala

El ex presidente de la Comisión de Gobierno del Congres local dijo que no tenían los elementos suficientes para desaforar a Abarca, quien había sido acusado del asesinato del dirigente de la UP.

Oaxaca

Bernardo Ortega Jiménez, ex presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, sostuvo que no hubo condiciones jurídicas para desaforar al ex alcalde de Iguala José Luis Abarca Velázquez un año antes de los hechos del 26 de septiembre de 2014.

Ortega Jiménez, quien fuera presidente de la Comisión de Gobierno en la 60 Legislatura local, sostuvo que el desafuero contra el ex primer edil de Iguala se desahogó después de los ataques del 26 de septiembre, porque fue hasta entonces que se contó con los elementos suficientes para tomar dicha determinación.

Reconoció que efectivamente, antes del asesinato de seis personas, más la desaparición de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, hubo un juicio de revocación de mandato que promovió la Unidad Popular (UP), organización social que responsabilizó al ex primer edil del crimen cometido en agravio de su máximo dirigente, Arturo Hernández Cardona.

El asesinato de Hernández Cardona y dos integrantes de la UP se registró el 3 de junio de 2013, luego de un levantón de más de ocho integrantes de la organización social de referencia.

Esos crímenes ocurrieron un año con tres meses antes de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.

El juicio de revocación de mandato promovido contra José Luis Abarca fue presentado ante la Comisión Instructora, sin embargo, Ortega refiere que sin los elementos necesarios para que se le pudiera encauzar.

"La verdad es que no había elementos suficientes para desaforar en aquel entonces al presidente municipal por el asesinato de Arturo Hernández Cardona", refirió.

Incluso, señaló que puso a disposición de las autoridades correspondientes el expediente que se integró, tras la presentación del juicio que promovieron los dirigentes de la UP y otras agrupaciones.

Indicó que al presidente se le otorgó el derecho de audiencia, por lo que en su momento se presentó a comparecer ante la Comisión Instructora, lo que no hizo la parte acusadora, situación que le restó fuerza al recurso legal.

En 2014, cuando se le instruyó el desafuero, Abarca Velázquez ya no se presentó, situación que permitió al Congreso agilizar las diligencias para dejarlo sin la protección del fuero constitucional.

Para quienes tienen dudas sobre la manera en que los diputados se manejaron, el también ex coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, señaló que los expedientes están a la disposición de quien pretenda revisarlos, para que no se dejen llevar por situaciones de carácter político.

"Nosotros actuamos con responsabilidad, sin prejuicios ni antagonismos, siempre sujetos a lo que establece la norma", refirió.