Piden medidas cautelares para familia del edil de Pungarabato

El Congreso de Guerrero planteó el exhorto a la Segob y PGR a fin de que garantice la seguridad personal de los familiares del extinto alcalde, así como adoptar medidas cautelares que sean ...

Chilpancingo

El Congreso local solicitó al gobierno del estado y la federación, el otorgamiento de medidas cautelares para la familia de Ambrosio Soto Duarte, presidente municipal de Pungarabato, quien fue asesinado en San Lucas Michoacán, la noche del sábado 23 de julio.

Aunque la propuesta original del PRD planteaba un punto único, que era el otorgamiento de medidas cautelares para la familia del primer edil abatido, las adiciones que promovieron diputadas del PRI y del PVEM generaron un debate que culminó cuando caía la noche del martes 26 de julio.

El planteamiento inicial lo llevó a tribuna el diputado perredista Raymundo García Gutiérrez, quien manifestó que de quedar impune el crimen de Soto Duarte, quedaría de manifiesto el poder que la delincuencia organizada adquirió en los últimos años, lo que representa un mensaje negativo para todos.

Por esa razón, consideró pertinente que el Congreso local manifieste su repudio contra todos los hechos criminógenos que se han generado, pero particularmente contra el caso de Pungarabato, porque se trata de un jefe de cabildo asesinado cuando intentó, con los pocos medios a su alcance frenar el avance de la delincuencia.

En la propuesta de acuerdo, se plantea a la Secretaría de Gobernación, así como a la Procuraduría General de la República (PGR), que se garantice la seguridad personal de los familiares del extinto alcalde, así como adoptar medidas cautelares que sean necesarias y se establezcan protocolos de investigación que permitan castigar a los autores materiales e intelectuales.

El PRI fijó una postura a través del diputado Héctor Vicario Castrejón, presidente de la Comisión de Justicia y miembro del grupo político al que Soto Duarte perteneció cuando fue militante del PRI.

Vicario Castrejón recordó que Guerrero por tercer año consecutivo ocupa el primer lugar en la incidencia de homicidios, lo que coincide con el primer lugar en producción de amapola.

Habló también sobre las condiciones lastimeras en que el gobierno actual recibió la administración estatal en materia de seguridad, lo que se agrava si se toma en cuenta también el comprometido escenario financiero que se recibió.

Ratificó el planteamiento de que el caso Pungarabato se vea como un asunto de seguridad, sin matices políticos, para que todas las instancias de gobierno estén en condiciones de garantizar la persecución y detención de los responsables.

No se olviden de los 11 años de gobiernos perredistas

Aunque la diputada del PVEM Roxana Agrass de manera inicial planteó su solidaridad con la familia del alcalde asesinado, no dejó pasar la oportunidad para explotar el ingrediente político.

"Quiero dejar muy claro que esto no nació al inicio de este gobierno, la violencia e inseguridad se comenzó a incubar de manera alarmante y cotidiana desde los gobiernos anteriores", aseveró.

Llamó a manejar el tema con responsabilidad y no politizarlo, pero volvió a la carga: "Tendríamos que recordar, que el PRD fue gobierno en Guerrero desde hace once años, los resultados en el combate a la inseguridad no tuvieron éxito".

La también priísta, María de los Ángeles Salomón solicitó la palabra para plantear una modificación que generó malestar en la bancada del PRD, ya que del particular caso de la familia de Soto Duarte, pretendió darle al llamado un carácter general.

-Lo que queremos, es que se garantice la seguridad de la familia de Ambrosio Soto-, remarcó el diputado del sol azteca Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez.

Ociel Hugar Trujillo, diputado por la Costa Chica consideró necesario no remontarse solo a los 11 años de gobiernos del partido del sol azteca, también mirar que siete décadas atrás hubo un predominio electoral del PRD.

A nivel federal, dijo que el estado se encuentra superado, prueba de ello, es que el Secretario de Gobernación visita constantemente Guerrero, anuncia operativos policiacos y estos no resuelven el problema.

"Solo falta que le tiren el difunto en los pies", aseguró el diputado.

"Yo estuve hace dos semana con el ex presidente de Pungarabato y nos dejo que en su tierra ya la gente estaba hasta la madre, lo dijo ante un centenar de personas y tenía razón", aseveró.

Al final, en el acuerdo parlamentario se incluyó una modificación propuesta por la diputada del PVEM, Maluisa Vargas Mejía, quien propuso hacer un llamado a la PGR, a la Fiscalía de Guerrero y su similar de Michoacán, con la intención de garantizar una investigación que llegue hasta la detención de los autores materiales e intelectuales del crimen.

Se aprobó solicitar a la Segob y PGR la adopción de medidas cautelares a favor de la familia del extinto alcalde de Pungarabato, lo que al final permitió superar las discrepancias que surgieron durante el debate que se generó al tratar el tema.


MMR