Pide ITAIG investigar jugoso bono de ex consejeros

El secretario ejecutivo del instituto, explicó que el bono que recibieron los ex consejeros fue de 800 mil pesos cada uno y fue aprobado por unanimidad en la sesión del 12 de diciembre de 2013.
Sesión de hoy del ITAIG .
Sesión de hoy del ITAIG . (Rogelio Agustín Esteban)

Guerrero

El Instituto para la Transparencia y el Acceso a la Información de Guerrero (ITAIG) solicitó a la Auditoría General del estado (AGE) una investigación relacionada con los 2.5 millones de pesos que tres ex consejeros se auto asignaron como finiquito, la cantidad representa el 30 por ciento del presupuesto destinado para dicho órgano durante 2014.

En la sesión de pleno que sostuvieron la tarde del viernes 14 de febrero, los consejeros del ITAIG Crescencio Almazán Tolentino, Joaquín Morales y Roberto Rodríguez Saldaña solicitaron al coordinador administrativo una explicación respecto al finiquito que recibieron los tres consejeros que culminaron su periodo el 8 de febrero.

El secretario ejecutivo del instituto, Hipólito Mendoza Urbano presentó el acta de la sesión que el Consejo General sostuvo el 12 de diciembre de 2013, dos meses antes de que terminara su periodo de gestión.

En el punto número cuatro de la orden del día de dicha sesión –asuntos generales- se leyó una propuesta llevada por la consejera presidenta María Antonia Carcamo Cortés.

Se trataba de un acuerdo “por el que se otorgaba las prestaciones de ley, consistentes en un finiquito por el concepto de fondo de retiro a los consejeros que terminan su periodo el 8 de febrero de 2014”.

Hecha la propuesta se aprobó por unanimidad, la sesión de ese 12 de diciembre culminó a las 14:56 horas, el acta la firmaron los tres participantes del acuerdo; María Antonia Cárcamo Cortez como presidenta, Ernesto Araujo Carranza y Marcos Ignacio Cueva González.

De acuerdo al oficio fechado este 14 de febrero, el coordinador de Administración y Finanzas, Miguel Ángel Radilla Zúñiga presentó un informe en el que explica que cada consejero recibió un finiquito de 843 mil pesos, multiplicado por tres alcanzó un monto global de 2 millones 529 mil pesos.

En el desglose se anota que durante los ocho años que permanecieron en el cargo, los ex consejeros para la transparencia recibieron un salario diario de 3 mil 261 pesos; su finiquito correspondió a 20 días por cada año de desempeño, que representó un monto inicial de 521 mil pesos, el proporcional de aguinaldo al 31 de enero de 2014 fue de 16 mil 308 pesos, su prima vacacional fue de 5 mil 523 pesos y la liquidación de tres meses ascendió a 293 pesos. El monto erogado por el ITAIG fue de 843 mil 892 pesos para cada uno de sus ex consejeros.

Maniobra financiera ilegal

El presidente del ITAIG, Crescencio Almazán objetó que en el contenido del acta del 12 de diciembre no se establecen las bases con las que se hizo el cálculo de la prestación otorgada, tampoco se indica la motivación jurídica que los ex consejeros encontraron para otorgarla.

“En esa acta no se dice cual es la base de cálculo, tampoco cuales son los montos a otorgar y se habla de un fondo de retiro; lo que significa que en el inicio del periodo se debió constituir dicho fondo para generar un recurso mientras desempeñaban su trabajo”.

Como dicho fondo no se generó, los ex consejeros tomaron el recurso del presupuesto asignado para gasto corriente en 2014.

“Eso provoca una grave lesión a las tareas sustantivas a las labores del Instituto, toda vez que por la falta de ese recurso, nos veremos impedidos para realizar diversas tareas que son importantes y que nos impone la ley, por eso debemos tomar una decisión respecto al asunto”, apuntó.

El consejero Joaquín Morales solicitó que la Auditoría General del Estado (AGE) inicie una investigación respecto al recurso otorgado a los ex consejeros, para sentar un precedente de que bonos irregulares ya no deben otorgarse.

“Si (el bono) está dentro del marco legal nosotros no tenemos ningún problema, pero si se sale del marco legal laboralmente hablando, vamos a tener que tomar acciones legales”, refirió.

Infirió que el coordinador de administración tiene algo de responsabilidad en la presunta irregularidad cometida, “pues no se especifica ningún mecanismo para asignar el bono al que ahí le ponen finiquito, pero en la legislación laboral no existe el término finiquito; podía ser si acaso una indemnización”.

Bajo esa circunstancia se solicitó la auditoría al ITAIG para determinar la legalidad del bono, se anota que sin prejuzgar la culpabilidad o inocencia de nadie.