Perdonaron a familia y amigos de Padrés 1,500 mdp en impuestos: SAT

El gobierno estatal interpuso una denuncia penal y otra administrativa por este caso.
Guillermo Padrés Elías (de pie), ex gobernador de Sonora.
Guillermo Padrés Elías (de pie), ex gobernador de Sonora. (Javier Ríos/Archivo)

Hermosillo

El gobierno de Sonora interpuso ayer la denuncia administrativa y penal ante la Contraloría General y la Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción, respectivamente, contra ex funcionarios de la Dirección General de Auditoría Fiscal.

Un día antes el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tomó el control de la fiscalización en Sonora, el cual mantendrá hasta el 31 de diciembre próximo, luego de comprobar irregularidades en el cobro de impuestos que beneficiaron a 574 contribuyentes por un monto de mil 705 millones de pesos.

La decisión del SAT ocurrió después de la revisión de 30 expedientes relacionados con auditorías fiscales hechas a empresas establecidas en Sonora.

Según el SAT, los ex funcionarios de Hacienda estatal “perdonaron” a empresarios, políticos y familiares del ex gobernador Guillermo Padrés cerca de mil 500 millones de pesos en impuestos federales.

Entre los empresarios involucrados están Javier Gándara Magaña, ex candidato del PAN al gobierno del estado, y Miguel Padrés Elías, hermano del ex mandatario sonorense.

También, Ramón Corral Ávila, ex comisionado de Pesca y ex dirigente del PAN en esta entidad; Luis Erasmo Terán Balaguer, ex titular de la oficina del entonces gobernador del estado, y Agustín Rodríguez Torres, ex secretario particular de Padrés y actual diputado federal.

En su administración, Padrés Elías ordenó amañar la auditoría fiscal hecha a la empresa Rancho Pozo Nuevo de Padrés, propiedad de Guillermo Padrés Dagnino, primogénito del ex gobernador.

El rancho, además, es investigado por la Conagua, ya que la familia construyó en ese predio, presuntamente de manera ilegal, una presa cuyo costo fue calculado en 80 millones de pesos.

Otro empresario beneficiado es Mario Aguirre, dueño del centro Expo Forum,  involucrado en un soborno de 3 millones de dólares, que presuntamente fue entregado a Miguel Padrés Elías, quien a cambio consiguió al empresario un contrato por 800 millones de pesos para la confección de uniformes escolares que el gobierno anterior donó.

La sanción del SAT implica que el gobierno del Estado no tendrá facultad para realizar comprobaciones mediante auditorías fiscales relacionadas con el pago de impuestos federales, lo que provocará que la administración estatal deje de percibir recursos por 100 millones de pesos.

El procurador fiscal, Gerardo Avitia Encinas, explicó que los ex funcionarios de la Secretaría de Hacienda estatal omitían procedimientos básicos para la ejecución de las auditorías fiscales.

Dijo que el SAT tiene pendiente la investigación de 169 expendientes a empresarios aparentemente ligados con maniobras irregulares.

Manifestó que el gobierno del estado deberá reintegrar 74 millones de pesos al SAT por estímulos percibidos por realizar el cobro y auditoría de impuestos federales, como IVA e ISR. Adicionalmente, se dejarán de percibir unos 25 millones que podrían haber ingresado del 20 de noviembre al 31 de diciembre por ese concepto.