Otorga juzgado federal amparo a 4 integrantes de la CNTE

El secretario de Asuntos Jurídicos de la sección 22, Jerónimo Martínez, dijo que a los implicados se les acusa de delitos federales que no permiten la libertad caucional por el pago de fianza.

Oaxaca

El secretario de Asuntos Jurídicos de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Jerónimo Martínez, informó que un juzgado federal cedió un amparo para los cuatro integrantes de dicha coordinadora que fueron detenidos por fuerzas federales e internados en el penal de máxima seguridad del altiplano.

Dijo que fue el juzgado quinto de distrito con sede en Oaxaca, quien otorgó la suspensión de la orden de aprensión y un amparo a favor de los cuatro implicados y que se encuentran acusados de motín, contra el consumo y riqueza nacional y robo agravado en la toma de las instalaciones de la refinería Antonio Dovalí en Salina Cruz y del robo de 10 mil libros gratuitos propiedad de la Secretaría de Educación Pública (SEP), además de destrucción de material electoral durante los comicios del pasado mes de junio.

Sin embargo el recurso judicial solo tiene efecto para que la Procuraduría General de la República (PGR) informe de inmediato la situación jurídica de los detenidos entre ellos Juan Carlos Orozco Matus, Othón Nazariega Segura, Efraín Picaso Pérez, y Roberto Abel Jiménez García, quien además tienen en su contra delitos del fuero común.

En tanto la Procuraduría General de la República (PGR) confirmó que tiene órdenes de aprehensión contra otros 26 maestros y lideres de la sección 22 de la CNTE.

Según la dependencia había 29 (órdenes de aprehensión), de las cuales solamente se han cumplido tres.

Aclaró que de los cuatro líderes de la sección 22 de la CNTE detenidos están acusados por delitos federales que no permiten la libertad caucional por el pago de fianza.

Según la PGR, los detenidos podrían ser sentenciados de tres a 40 años de cárcel.

En tanto una decena de organizaciones sociales firmaron un pronunciamiento para exigir la libertad de los detenidos, argumentando que en México se hace valer un terrorismo de estado para criminalizar la protesta social.