Dictarán medidas cautelares a activistas en Oaxaca

El ofrecimiento viene de la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca, luego del asesinato del activista Ignacio García.

Oaxaca

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) ofreció dictar medidas cautelares al ex diputado local petista y ex líder de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO),  Flavio Sosa y a integrantes de la organización Comuna, luego de que uno de sus miembros fue asesinado en la ciudad de Oaxaca y otros han recibido amenazas de muerte.

El titular del organismo Arturo Peimbert Calvo, afirmó que se les ha notificado a los agraviados que pueden sujetarse al protocolo de protección cautelar, luego de las diferentes amenazas que les han sido conferida a su persona.

En tanto en conferencia de prensa, los miembros de Comuna, advirtieron que las amenazas se derivan de su participación activa en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y por ser quienes constantemente están exigiendo castigo contra  los responsables de los crímenes cometidos durante la revuelta social del 2006.

“El asesinato en contra de nuestro compañero Ignacio García es un claro mensaje de que estamos en la mira, porque fuimos de la APPO  y decidimos no olvidar, a quienes cometieron los asesinatos de varios activistas” dijo César Mateos Benítez, integrante de la dirigencia colectiva de la organización.

Señaló que las autoridades están obligadas a identificar a quién interesa cerrar el capítulo del movimiento social de 2006 y 2007 sin mayor investigación, “borrarlo de la historia, y que no exista quien permanentemente les recuerde la deuda de un gobierno criminal hacia el pueblo de Oaxaca”.

Pidió también investigar lo necesario para identificar y castigar a quienes resulten responsables materiales e intelectuales de los crímenes cometidos desde el gobierno en contra de los activistas de esos años, “sea mediante la reformulación de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Trascendencia Social, para hacerla operativa, o a través de algún otro mecanismo”.

“A la fecha no se han esclarecido los más de 20 asesinatos, las desapariciones forzadas, las violaciones, la tortura, los golpes, las detenciones arbitrarias y los procesos judiciales por consigna cometidos contra las y los participantes en el movimiento social de 2006 y 2007, crímenes documentados tanto por observadores civiles nacionales y extranjeros como por instancias públicas, como la propia CNDH”, dijo.

Aceptó que ante la escalada de amenazas de muerte en su contra; explicó que el sábado la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca les anunció el inicio del trámite para la emisión de medidas cautelares a su favor, por lo que esperan conocer los términos para decidir si se acogen a ellas.

Agregó que de momento no buscarán protección del gobierno federal dada la posibilidad de que este se quiera aprovechar política y electoralmente para atacar al gobierno de Gabino Cué; “confiamos en que nuestras autoridades locales darán a este caso la relevancia que tiene y actuarán en consecuencia”, dijo.

En los últimos tres años han sido asesinados un total de 20 activistas ligados con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), y con diferentes organizaciones sociales, entre ellos Ignacio García, Beatriz López Leyva, Catarino Torres Pereda, Heriberto Pazos Ortiz, Rafael Vicente Rodríguez Enríquez, Bernardo Vásquez Sánchez, Nicolás Estrada Merino y Arturo Pimentel Salas, entre otros.