No creemos en lo que dice la Procuraduría: padres de normalistas

Los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos advirtieron que paralizarán el país el 8 de octubre con el apoyo de la sociedad civil y organizaciones sociales.

Ayotzinapa

Familiares de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos desde el 27 de septiembre en Iguala rechazaron la versión de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), en el sentido de que un comando del crimen organizado ejecutó a sus hijos.

Los padres de familia insistieron en que fue la policía preventiva de Iguala la que se llevó a sus hijos, en consecuencia, dijeron, es el estado mexicano el que debe presentarlos con vida, puesto que los municipios forman parte del pacto federal.

La postura se dio a conocer en la explanada principal de la Normal Rural ubicada en Tixtla, en donde por primera ocasión se mostraron los 43 jefes de familia juntos, con un reclamo en común que es la presentación con vida de sus hijos.

Todos los desaparecidos, de acuerdo a sus progenitores eran jóvenes sanos, de escasos recursos pero con la esperanza de progresar con base al estudio de una carrera profesional, la de la docencia. 

En todos se advierten las secuelas que dejan diez días de mal comer, casi no dormir y tocar puertas en diferentes instancias para reclamar la liberación de sus hijos, sin embargo; no hubo titubeos para plantear un ultimátum dirigido al gobierno estatal y la federación.

“Nos entregan a nuestros hijos cuanto antes, o el 8 de octubre nosotros vamos a paralizar el país, ya tenemos el respaldo de organizaciones campesinas, sindicales, magisteriales y grupos que están indignados por lo que aquí está pasando”, aseveró quien se colocó al centro de la conferencia.

Por cuestiones de seguridad, los padres y madres acordaron no proporcionar sus nombres ni los de sus hijos, pero tampoco se taparon el rostro para dar a conocer los acuerdos alcanzados durante las reuniones que sostuvieron en el cierre de la semana. 

El primer acuerdo fue no dar por hecho la versión de que sus hijos fueron asesinados la madrugada del 27 de septiembre, como lo informó la tarde del domingo 5 de octubre el procurador general de justicia Iñaky Blanco Cabrera.

Dejar al crimen organizado como autor de un hecho de esta naturaleza, de acuerdo a los progenitores implica dejar de lado que los policías municipales pertenecen a la estructura del poder público.

“Lo que tenemos claro es que se los llevaron los policías preventivos y ellos tienen mandos, esos mandos forman parte de una estructura de gobierno y entonces el Estado debe asumir la responsabilidad de los hechos”.

Pese a la negativa de avalar la versión de la PGJE, todos aceptaron someterse a las pruebas de ADN que requirieron las autoridades, con la intención de establecer si las muestras que aporten coinciden con alguno de los 28 cuerpos encontrados en las fosas de Pueblo Viejo y Loma del Coyote, en la periferia de Iguala. 

Aclararon que solamente darán credibilidad a los resultados que les muestre un grupo de nueve especialistas en antropología forense de nacionalidad argentina, quienes ya están en Guerrero y solamente esperan a recibir la autorización correspondiente para comenzar a trabajar.

Temen que las autoridades del país vayan a manipular las pruebas para par por hecho que los restos corresponden a sus hijos, con la intención de cerrar el caso y no continuar con la búsqueda. 

“Ya le debemos poner un alto a este problema de la delincuencia organizada; no se puede tolerar que ataquen a gentes inocentes, que haya más muertes y desapariciones impunes”, anotó uno de los participantes.

Una mujer que llegó desde el estado de Morelos, mencionó que apenas come y duerme, no ha descansado y pasa la mayor parte del tiempo tocando puertas, revisando periódicos y todo lo que le permita obtener alguna pista de su hijo de primer año, hasta el momento no encuentra nada que le dé una pequeña prueba de vida.     

El domingo por la tarde, el procurador de Guerrero, Iñaky Blanco, informó que de acuerdo a las investigaciones la orden de acudir al sitio donde protestaban los normalistas el viernes 26 de septiembre la dio el director de Seguridad Pública municipal, Francisco Salgado; mientras que según las versiones que han recabado la exigencia de llevarse a los estudiantes la dio un hombre al que conocen como El Chucky, líder de Guerreros Unidos en el municipio de Iguala.