Señalamientos contra alcalde de Iguala, no son nuevos

Sofía Lorena Mendoza Martínez, viuda de Arturo Hernández Cardona, dirigente de la Unidad Popular, asesinado en 2013, dijo que José Luis Abarca ha sido vinculado con el crimen organizado. 
Los normalistas tomaron las casetas de la Autopista del Sol.
Los normalistas tomaron las casetas de la Autopista del Sol. (Cuartoscuro)

Chilpancingo

Dirigentes de organizaciones sociales, familiares de asesinados y desaparecidos denunciaban desde hace un año que la Policía Preventiva Municipal de Iguala, su alcalde José Luis Abarca Velásquez y la esposa de este, María de los Ángeles Pineda Abarca no actuaban como autoridades, sino como integrantes de un grupo del crimen organizado.

Sofía Lorena Mendoza Martínez, viuda de Arturo Hernández Cardona, dirigente de la Unidad Popular (UP) asesinado el 30 de mayo de 2013, sostiene que nunca titubeó en culpar al hoy presidente municipal con licencia del crimen.

Mendoza Martínez actualmente funge como regidora en el cabildo de Iguala, forma parte de la fracción del PRD, partido político en el que milita también el primer edil separado por la vía de la licencia.

El 30 de mayo del año pasado, después de realizar un bloqueo en la autopista que comunica con Buena Vista de Cuellar, Arturo Hernández y seis integrantes de la UP regresaban hacia la cabecera municipal de Iguala cuando fueron interceptados por elementos de la Policía Preventiva Municipal.

Tres días después, Arturo y sus compañeros Félix Rafael Bandera Román y Angel Román Ramírez aparecieron muertos en las inmediaciones de Xalitla, en el tramo carretero que de Chilpancingo va hacia la cabecera de Iguala.

Cuatro integrantes de la UP escaparon de sus captores, uno de ellos, Nicolás Mendoza Villa señaló directamente al presidente de ejecutar personalmente al  líder y sus compañeros.

Mendoza Villa señaló hace un año que al día siguiente del levantón colectivo, llegaron al lugar en donde los tenían cautivos varios hombres con armas largas y los golpearon.

Aproximadamente a las 6 de la tarde del 1 de junio se sumaron dos hombres que actuaban como jefes de los pistoleros, Mendoza reconoció al alcalde, principalmente cuando este se acercó a Hernández Cardona y le reclamó sus protestas constantes para obtener abono.

Después de varias horas de tortura, Arturo y sus compañeros fueron llevados a una fosa, lugar en donde el presidente municipal, José Luis Abarca Velázquez le dio un escopetazo en la cara y otro en el pecho al dirigente.

Lo tiraron dentro de la fosa y casi de inmediato comenzó a llover, por eso no lo taparon.

El testimonio de difundió la jornada del 25 de noviembre de 2013, en una  conferencia de prensa convocada en la ciudad de México por María Magdalena López, Yosahdara Vega y Ericka Zamora Pardo, integrantes de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad.

El testimonio de Nicolás Mendoza fue llevado por las activistas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La regidora Sofía sostiene que también se debe investigar al presidente con licencia por el asesinato de Justino Carbajal Salgado, el sindico administrativo abatido el 15 de marzo del año pasado.

Dos semanas antes Carbajal Salgado, sobrino del ex alcalde de Acapulco, Félix Salgado Macedonio fue agredido a golpes por un grupo de hombres armados cerca del ayuntamiento, no se tomaron las medidas preventivas y días después fue abatido a balazos.

La UP y la regidora en mención promovieron un juicio de revocación de mandato ante el Congreso local, sin embargo los diputados de Guerrero no dieron seguimiento al procedimiento requerido, lo que generó un ambiente de impunidad.

Derivado de los señalamientos dirigidos contra el primer edil, supuestos integrantes del crimen organizado se metieron a la casa del testigo Nicolás Mendoza Villa.

Después de los hechos del 26 de septiembre, las representantes de Década contra la Impunidad han recibido llamadas intimidatorias de números cuya lada corresponde al estado de Morelos.

Los Abarca todavía mandan en Iguala

Para la representante popular la situación en Iguala todavía es de peligro, pues la mayoría de los cargos de poder en el ayuntamiento de Iguala están ocupados por familiares del alcalde con licencia.

“Ellos siguen ocupando los puestos, parece que no ha pasado nada y el sobreviviente padece de la persecución por parte de los delincuentes”.

Para la viuda de Hernández Cardona es sumamente sospechoso que no se proceda penalmente contra el alcalde, pues cuando solicitó licencia se presentó ante el cabildo  y se retiró con un amplio margen de tranquilidad, la policía llegó a buscarlo cuando ya se había retirado de la cabecera municipal.

Nicolás Chávez Adame, dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) comentó que los integrantes de dicha agrupación padecieron la forma en que se conducía la policía municipal bajo las órdenes de José Luis Abarca.

En 2012, el integrante de la agrupación, Alfonso Sánchez Celis fue detenido en el retén ubicado en la entrada sur de Iguala junto con cuatro comisarios de la sierra de Chilpancingo.

“Un compañero los siguió y observó que no se los llevaban al cuartel de la policía preventiva, los llevaron a un sitio en donde ya los tenían atados de pies y manos, los iban golpeando; tal parecían que sus actitudes no se sometían a los lineamientos de orden policíaco; actuaban más como delincuentes”.

Después se generó el crimen de los activistas de la UP, el de Justino Carbajal y finalmente llegó el caso de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

Otro antecedente se generó en la gasolinera ubicada en la entrada sur de Iguala, cuando el alcalde Feliciano Alvarez Mesino, actualmente preso por supuestos vínculos con grupos de secuestradores denunció que elementos de la Policía Preventiva Municipal lo bajaron de su camioneta y lo sometieron a golpes, aunque se comunicó con su entonces homólogo, no hubo ningún tipo de sanción contra los uniformados.

El 8 de agosto de 2013, el coordinador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Eliseo Villar Castillo también fue detenido por los policías preventivos en el retén ubicado en la salida sur, los elementos de seguridad lo golpearon y despojaron de sus armas a pesar de que este justificó que pertenecía a una institución reconocida legalmente.

El 27 de agosto del 2014, el abogado de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Manuel Vázquez Quintero fue bajado por la fuerza de su camioneta y trasladado por la fuerza a la barandilla municipal por el personal de Seguridad Pública.

Presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Coddehum) y solicitó que se revisara la actuación de los policías preventivos, sin embargo la queja hasta el momento no avanza.

La agresión contra el abogado de la UPOEG se generó un mes antes del asesinato de los normalistas de Ayotzinapa, Manuel Vázquez sostiene que si se hubiera actuado con prontitud, los policías preventivos no tendrían el margen de impunidad con el que se manejaron la noche del viernes 26 de septiembre.