Minimizan fallo de la Corte sobre blindaje a Duarte

El Gobierno del estado aclaró que “Chihuahua no tiene conflicto legal alguno en torno al Sistema Nacional Anticorrupción, porque el decreto para crear la Fiscalía Anticorrupción se ajustó a ...
El secretario General de Gobierno, Mario Trevizo Salazar.
El secretario General de Gobierno, Mario Trevizo Salazar. (Juan José García Amaro)

Chihuahua

El secretario General de Gobierno, Mario Trevizo Salazar, minimizó el revés que asestó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la Fiscalía Anticorrupción aprobada por el Congreso de Chihuahua, para blindar al gobernador César Duarte Jáquez.

"Es una acción de inconstitucionalidad y no de impugnación: las acciones de inconstitucionalidad tienen por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución de la República", explicó.

No obstante, el funcionario dijo que el Gobierno del Estado habrá de esperar la notificación, la cual también se hará llegar al Congreso local, ya que está fue la autoridad que emitió las disposiciones sobre la creación de la Fiscalía Anticorrupción.

"Chihuahua no tiene conflicto legal alguno en torno al Sistema Nacional Anticorrupción: primero, porque el decreto para la creación de la Fiscalía Anticorrupción se ajustó a los términos Constitucionales.

"Y segundo, porque en ésta administración no será designado el fiscal como ocurrió en Veracruz y Quintana Roo", remató Trevizo sobre la inconstitucionalidad que promovió el presidente Enrique Peña Nieto en contra del blindaje propuesto por los mandatarios Roberto Borge, Javier Duarte y César Duarte.

Precisó que la acción de inconstitucionalidad que presentó la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de los poderes Ejecutivo y Legislativo, fue por la creación de la citada fiscalía sin esperar la publicación de las leyes generales que establecen el Sistema Nacional Anticorrupción.

Por ello, aclaró que el 27 de mayo del 2015 entró en vigor la reforma Constitucional para el Sistema Nacional Anticorrupción y se dio un año al Congreso de la Unión para generar las leyes secundarias de dicho ordenamiento, lo que venció el pasado 27 de mayo y sin que hasta la fecha se haya publicado por el veto que promovió EPN a una de las disposiciones.

Estableció que la reforma actual al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice: La Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el Fiscal General de la República:

El nombramiento y remoción de los fiscales especializados antes referidos podrán ser objetados por el Senado de la República por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, en el plazo que fije la ley; si el Senado no se pronunciare en este plazo, se entenderá que no tiene objeción.

En contraste, señaló que la reforma al artículo 122 de la Constitución de Chihuahua, del 11 de junio, apunta. Además de las fiscalías especializadas que determine la ley, habrá una Fiscalía Especializada Anticorrupción, con las atribuciones señaladas en el ordenamiento secundario.

"El titular de esta fiscalía será nombrado y removido por el Fiscal General del Estado; dicha decisión podrá ser objetada por el Congreso del Estado con el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, en un plazo que no excederá los treinta días naturales; si el Congreso no se pronunciare en este plazo, se entenderá que no tiene objeción", concluyó.