Mantienen indígenas tomado Ciudad Administrativa en Oaxaca

Lleva cuatro días cerrado; exigen liberar al defensor Pablo López Alavéz y piden una disculpa pública del Poder Judicial del estado y advierten que mientras no se respete la ley los liberarán.
Por el bloqueo de cuatro días del principal complejo administrativo se mantienen cancelado unos 10 mil trámites burocráticos y el pago a unas 800 empresas proveedoras del gobierno estatal.
Por el bloqueo de cuatro días del principal complejo administrativo se mantienen cancelado unos 10 mil trámites burocráticos y el pago a unas 800 empresas proveedoras del gobierno estatal. ( Óscar Rodríguez)

Oaxaca

El principal complejo administrativo del gobierno estatal, donde se encuentran albergadas unas 20 dependencias estrategias y laboran más de mil empleados se encuentra tomado y sitiado por la organización Consejo Indígena Popular de Oaxaca (CIPO) que reclama la libertad de un preso político.

Este jueves también la organización realizó un acordonamiento de la sede del Palacio de Gobierno., impidiendo la entrada y salida del personal.

El activista Miguel Cruz Moreno, acusó que el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alfredo Lagunas de politizar el proceso judicial en contra del defensor Pablo López Alabes, ya que ha frenado su derecho de libertad caucional, al ser considerado como una persona peligrosa.

Reconoce que hay inconsistencias en las imputaciones, porque existen pruebas inventadas y prefabricadas, lo que advierte que se ha violentado el debido proceso en contra del indiciado, que debe ser liberado y piden una disculpa pública del poder judicial de Oaxaca.

Afirmó que mientras no se respete la ley no se liberarán los espacios públicos tomados como lo es Ciudad Administrativa.

Llevamos cuatro días cerrando Ciudad Administrativa, y vamos a continuar en esta exigencia hasta lograr la libertad de Pablo López Alavés.

"Vamos a acudir a la Defensoría para los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca para que emita medidas cautelares", advirtió.

No descartó que en esta dependencia lleven a cabo otra protesta para exigir al presidente, Arturo Peimbert un pronunciamiento sobre este tema y exigir la renuncia del titular del poder judicial Alfredo Laguna.

La toma del principal complejo administrativo mantiene cancelado unos 10 mil trámites burocráticos y el pago a unas 800 empresas proveedoras del gobierno estatal.