Líder de la CRAC actuó como guerrillero: procurador de Guerrero

Iñaki Blanco Cabrera dijo que Gonzalo Molina González y comunitarios asumieron tácticas de la guerrilla cuando se encañonaron con elementos de Seguridad Pública municipal.

Chilpancingo

El titular de la Procuraduría General de Justicia, Iñaki Blanco Cabrera, acusó a la policía comunitaria de Tixtla de asumir "actitudes propias de la guerrilla" la jornada del 26 de agosto, cuando se encañonaron con elementos de Seguridad Pública municipal.

Blanco Cabrera defendió el cargo de terrorismo que el Ministerio Público imputó al promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Gonzalo Molina González, quien permanece sujeto a proceso en el penal federal número 3 de Oaxaca.

"El terrorismo tiene el propósito de causar temor, zozobra, angustia y sobresalto en la población o parte de la misma. Nosotros no inventamos nada, ahí están los videos", explicó el procurador.

Recordó que el 26 de agosto, tras enfrentarse con elementos de la preventiva municipal de Tixtla, los comunitarios bajo las órdenes de Molina González retuvieron a varias personas y funcionarios del ayuntamiento de Tixtla.

De los hechos dijo que hay varios videos que se difundieron en varios medios nacionales y estatales, lo que de acuerdo al funcionario, propició que se cerraran varios negocios y que la gente se encerrara en sus casas.

"Ustedes lo vieron ampliamente; portaban armas de uso exclusivo del Ejército y asumieron actitudes propias de la guerrilla", acusó.

Recordó que la PGJ no está sola en el caso contra los integrantes de la CRAC, pues la Procuraduría General de la República (PGR) les inició acción penal por el mismo delito.

"Jueces del fuero común y del fuero federal, consideraron que hay elementos para consignarlos por esos elementos y por eso el señor está sujeto a proceso".

Defiende también actuación contra Nestora Salgado

En el caso de Nestora Salgado García, presa en el penal federal femenil de Tepic Nayarit, dijo que fue consignada por el secuestro cometido en agravio de seis personas.

"Cuatro de las víctimas fueron menores de edad; la Ley 701 y la Ley 281, en ninguno de sus artículos contempla que las autoridades comunitarias puedan solicitar dinero para que las personas sujetas a reeducación recuperen su libertad. En el momento en que lo hacen, su conducta deriva en la comisión de un delito".

El hecho de que se sometiera a reeducación a menores de edad, dijo que va contra el espíritu del artículo 18 constitucional que establece el sistema judicial de justicia para adolescentes, por lo que aseveró que lo cometido contra las adolescentes fue un secuestro.