Libre, indígena acusada de homicidio en grado de parentesco

A siete años de ser enjuiciada por una turba, Adriana Manzanarez abandonó el penal de Chilpancingo.

Guerrero

A las 16:30 horas del miércoles 22 de enero, Adriana Manzanares Cayetano abandonó el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chilpancingo, siete años después de que el comisariado ejidal del Camalote, comunidad indígena de Ayutla de los Libres la acusara de matar a un hijo que engendró fuera del matrimonio.

Manzanarez fue recibida por la activistas de derechos humanos a favor de la mujer, Silvia Castillo Díaz y Ubaldi Guerrero, subsecretaria de la Mujer del gobierno estatal, quienes aguardaron a que las autoridades judiciales del estado acataran un fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Manzanares Cayetano, de acuerdo a su defensa fue sentenciada primero a 32 años de prisión por el delito de homicidio en razón de parentesco, el Ministerio Público y después la sala penal del Poder Judicial local tomaron como pruebas de cargo los elementos que aportaron los integrantes del comisariado ejidal de la localidad.

En la apelación la sentencia bajó a 22 años, lo que para la defensa mantuvo firme una actitud injusta, alejada del debido proceso.

"Lo que me mantuvo en la prisión fue la ignorancia", dijo la mujer de 28 años, quien al ingresar al penal solamente hablaba la lengua materna, aprendió el español durante los siete años de cautiverio.

Contra lo dicho en ocasiones anteriores, dijo que regresará al Camalote para recuperar a dos hijos que ahí viven, después se los llevará consigo para retomar su vida.

No mencionó su hablará con su padre, que fue quien la puso en manos del comisariado y evitó hablar sobre la forma en que se le llevó a juicio en una asamblea comunitaria.

Admitió que lo vivido fue difícil, una experiencia que no desea para otras mujeres aunque asume que su caso no es el único.

Aunque su futuro es incierto, algunas activistas que acompañaron su caso le han dado algunas opciones para emplearse y reconstruir un proyecto de vida.

En la retirada del Cereso mostró su boleta de libertad y pidió a las autoridades judiciales que revisen los expedientes de mujeres que llegan en las mismas circunstancias que ella.

"Yo les quiero pedir que revisen bien si son inocentes, que no las sentencien a muchos años porque adentro se siente horrible", imploró.

En la reclusión admitió que aprendió cosas buenas y malas, pero indicó que en la nueva etapa que enfrentará aplicará solamente lo que ayude a infundir principios de vida para sus tres hijos.

Silvia Castillo mencionó que la defensa detectó al menos nueve violaciones en el proceso contra Adriana, lo que permitió que la tarde del 22 de enero la SCJN dictaminara su libertad absoluta.

Indicó que la administración estatal retomó el caso de Adriana el 8 de marzo de 2013, cuando la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) visitó el Cereso de Chilpancingo y detectó cuatro casos de mujeres presas en condiciones irregulares.

Los tres casos también son objeto de revisión, pero Ubaldi Guerrero no se animó a anticipar una posible liberación.

Lamentó que por usos y costumbres de los pueblos originarios Adriana fuera enviada a prisión, ya que hay algunas prácticas que dejan en condiciones de mucha vulnerabilidad a las mujeres.

La activista de derechos humanos, Silvia Castillo Díaz responsabilizó al poder judicial local de juzgar con discriminación, lo que motivó la intervención de la Corte.