Indagan fraude de $7 millones con Margarita Arellanes

La acción penal que el gobierno de Nuevo León prepara contra la ex alcaldesa de Monterrey es por presuntos contratos irregulares durante su gestión.

Monterrey

El gobierno de Nuevo León anunció que iniciará los preparativos para una acción penal por presuntos contratos irregulares realizados durante la gestión de la ex alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes Cervantes.

Ernesto Canales Santos, subprocurador anticorrupción, detalló que lo que denunciarán es el presunto daño al erario por más de 7 millones de pesos, al contratar a un despacho de abogados con supuestas irregularidades.

"La subprocuraduría ha iniciado los preparativos para la acción penal: se trata de la denuncia presentada por el secretario del ayuntamiento de Monterrey, en relación con un contrato de servicios jurídicos convenido entre Margarita Arellanes y un despacho de abogados de la región.

"El daño al erario es de 7 millones 75 mil 471 pesos, más el IVA correspondiente; en los próximos días se estará acudiendo a pedir al juez de control fecha para la audiencia de vinculación", reveló Canales Santos.

Se detalló que el proceso iniciará una vez que se reúnan las pruebas suficientes y se acredite el hecho delictivo, así como la probabilidad de participación de los imputados.

Por otra parte, informó que iniciarán otra carpeta de investigación por una contratación que presuntamente no cumple con los requisitos de ley.

"El otro asunto tiene que ver con la Secretaría de Desarrollo Económico; en febrero pasado esta subprocuraduría inició la carpeta de investigación contra diversos funcionarios por el delito de ejercicio indebido del servicio público, ya que de manera directa suscribieron contratos por un monto de casi 5 millones de pesos, sin cumplir con los requisitos de la ley que la materia establece", expuso el subprocurador anticorrupción durante conferencia de prensa.

Reacción en Nuevo León

Para los diputados locales del PAN, las acciones legales anunciadas por el gobierno del estado contra el ex gobernador Rodrigo Medina son una burla y pueden ser contraproducentes para la expectativa ciudadana.

El coordinador Arturo Salinas dijo que la Subprocuraduría Anticorrupción debió primero pedir la prisión preventiva antes que los embargos a los ex funcionarios.

"Solamente se le quitó una propiedad al ex gobernador y esto nos parece una burla, porque para qué adelantar los tiempos. Para ir a embargar una propiedad hubieran completado el expediente para el efecto de pedir la prisión preventiva, que es lo que los ciudadanos estamos esperando.

"Imagínate que lleguemos a la burla de muchos procesos que se han intentado y al final es 'usted perdone', y eso será desastroso para la ciudadanía de Nuevo León", señaló elcoordinador de los diputados panistas.

Ayer el asesor jurídico del gobierno de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua, reveló que un rancho propiedad de Medina fue embargado sin especificar el monto en el que está valuado.

El funcionario estatal dijo que el terreno del ex mandatario es de 36 hectáreas y se ubica en el municipio de General Terán, Nuevo León.