Invalidan que partidos en Sinaloa se financien con sorteos y rifas

La Corte declaró inconstitucional el artículo 65 de Ley Electoral de Sinaloa que permitía a instituciones políticas financiamientos diversos a las contempladas constitucional y legalmente.

Ciudad de México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional un artículo de la Ley Electoral de Sinaloa que permitía a los partidos políticos recurrir a ferias, festivales, sorteos, rifas y cualquier actividad mercantil o financiera para autofinanciarse.

Por unanimidad, el Pleno invalidó el precepto, porque la Constitución federal sólo permite a los partidos dos tipos de financiamiento: el público y el privado, por lo que no es válida cualquier otra actividad para allegarse recursos.

Lo anterior derivó de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los partidos políticos nacionales Nueva Alianza, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Morena, así como el Partido Político Estatal Sinaloense.

José Ramón Cossío Díaz, ministro ponente, propuso a sus homólogos anular el artículo 65, apartado B, párrafos primero y segundo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Sinaloa, porque establecía una fuente de financiamiento diversa a las contempladas constitucional y legalmente.

Señaló que no existen precedentes de este tipo, por la forma en que el estatuto establecía que los partidos políticos podían hacerse de recursos.

En el proyecto del ministro, se señala que en relación con el tema del financiamiento privado de los partidos políticos locales, si bien existe un amplio margen de configuración legislativa para regular por parte de los Congresos locales, existe una condición de base, prevista en el artículo 116, inciso h) de la Constitución, referente al límite a las aportaciones de los militantes y simpatizantes de los partidos políticos.

"Por ello, una vez que se analiza el sistema de financiamiento previsto en la norma impugnada, el que se advierte que el Legislador de Sinaloa a diferencia de la estructura constitucional y legal estableció tres fuentes de financiamiento: a) público; b) autofinanciamiento y c) privado.

"Se propone declarar la invalidez de todo el artículo 65, apartado B) de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, porque establece una fuente de financiamiento diversa a las contempladas constitucional y legalmente", enfatizó.

"Además, en el proyecto se dice, que no puede aceptarse que la libertad de configuración estatal permita la transformación de la categoría de autofinanciamiento en una fuente adicional de financiamiento a las contempladas constitucionalmente como tampoco incluir dentro de las mismas, un concepto que cambia la nomenclatura utilizada por la Constitución y la ley general, como son los miembros activos en relación con los militantes haciendo incierta la aplicación de las bases constitucionales y legales", añadió Cossío.

La Corte dejó para el próximo jueves la discusión del tema relacionado con la libertad de expresión, contenido en el artículo 69 de la mencionada ley sinaloense, en la que se ordena a los partidos políticos abstenerse de difundir en su propaganda política o electoral cualquier expresión que ofenda, difame o denigre a los candidatos o a terceros.