Niega Graco opacidad en crédito de más de 2mdp

El gobernador del estado consideró que hay una conspiración del PAN y PRI, pues están extralimitando sus funciones para auditarle el crédito millonario.
El gobernador de Morelos Graco Ramírez dijo que los legisladores si incurren en la ilegalidad al pretender retirarle 500 mdp para construir una nueve sede legislativa.
El gobernador de Morelos Graco Ramírez dijo que los legisladores si incurren en la ilegalidad al pretender retirarle 500 mdp para construir una nueve sede legislativa. (David Monroy)

Cuernavaca

El gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreú, acusó a los diputados del Congreso del estado de extralimitarse en sus funciones para auditarle un millonario crédito que actualmente ejerce, por más dedos mil millones de pesos.

Dijo que los legisladores si incurren en la ilegalidad al intentar retirarle y ejercer un monto de 500 millones de pesos –pertenecientes al mismo empréstito—para construirse una nueva sede legislativa.

En rueda de prensa ofrecida el medio día de este jueves, el mandatario estatal calificó de falsos los argumentos de los legisladores, que aseguraron que la acción unilateral tomada la noche de este jueves, obedece a la omisión del gobernador del estado para informar sobre la contratación, ejercicio y gasto del crédito, y a su tardanza –de casi un año-, para impulsar la compra de un terreno así como la construcción de la nueva Cámara de Diputados y para el que se habían reservado 500 millones de pesos de ese mismo empréstito.

La noche de este miércoles, 23 de 30 diputados, aprobaron un punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF), inicie una revisión pormenorizada a la contratación, ejercicio y comprobación de un crédito de más de dos mil 800 millones de pesos, que el Gobierno estatal contrató a finales de 2013.

Ese acuerdo legislativo incluyó un decreto que rige la autorización de solicitud de crédito, la forma en que se dará seguimiento a la comprobación del mismo, y una cláusula que determina que 500 millones de ese empréstito, serían utilizados para comprar un terreno y construir ahí el nuevo Congreso local.

La determinación de los legisladores, según establecieron en los considerandos del punto de acuerdo referido, derivó de que el gobernador, Graco Ramírez no ha informado sobre los detalles de ese crédito y tampoco ha iniciado el proceso para ejercer los 500 millones de pesos en la compra de un terreno donde se construirá la nueva sede legislativa.

El punto de acuerdo manda a la ASF a auditar al gobierno, y "establece" que el dinero etiquetado para la nueva sede, será ejercicio por los diputados, por lo que el mandatario tendrá que devolverlos.

Con respecto a la auditoría al crédito, Ramírez Garrido señaló que "el que nada debe nada teme", debido a que los recursos son auditados por el Poder Legislativo.

"Haremos público en el portal de Gobierno obras y montos para ubicar con trasparencia en qué está invertido este empréstito", puntualizó.

En su comparecencia ante los medios, Ramírez Garrido aseguró que contrario a lo que argumentan los legisladores, su gobierno no es omiso en la rendición de cuentas de dicho empréstito, ya que ha informado trimestralmente al Poder Legislativo sobre la forma en que se ha gastado el millonario crédito.

Destacó que –en cambio- los representantes populares no objetaron en caer en una ilegalidad al intentar retirarle 500 millones de pesos de ese empréstito, etiquetados para la compra de un terreno y edificación de una nueva sede legislativa, pues no sólo están impedido a ello sino que la ley les impide ejercer ese dinero para construir su nueva sede legislativa.

Ante los medios de comunicación a los que no se les permitió preguntas, el perredista utilizó cinco minutos para exponer su versión, donde subrayó que tanto el PAN como el PRI, tienen motivaciones extralegales para impulsar el punto de acuerdo aprobado la noche de este miércoles, pues el primero está interesado en generar una cortina de humo para esconder que dos altos ex funcionario del gobierno anterior están bajo proceso –uno ellos en prisión- por malos manejos económicos, y el segundo, intenta obtener dinero de ese préstamo, para atender compromisos político-preelectorales.

"Sabemos que el principal impulsor de esta supuesta acción de trasparencia, es el coordinador parlamentario del PAN, (Javier Bolaños Aguilar), tratando de generar una cortina de humo para ocultar los desvíos ocurridos en la pasada administración, a la cual perteneció, comentó el gobernador", apuntó.

Graco Ramírez dijo que prueba de lo anterior, dos ex secretarios de Finanzas del gobierno anterior están vinculados a proceso, uno bajo proceso en el Penal de Atlacholoaya, y otro bajo proceso en arraigo, gracias a un amparo.

"Pero el daño patrimonial que hicieron estos dos funcionarios está probado y por eso están vinculados a proceso", puntualizó.

Con respecto al decreto en donde se intenta trasferir recursos del crédito al Congreso para que lo ejerza, el mandatario estatal refirió que son dos los grandes principios generales de derecho que rigen el actuar de los servidores públicos, y que son violados por los diputados: hacer únicamente lo que las leyes le encomienden y ejercer gastos previamente presupuestados.

En tal sentido mencionó que al Poder Ejecutivo corresponde realizar todas las acciones inherentes a los asuntos del estado, que emanan de las disposiciones del Poder Legislativo, actividades que son resultantes del principio de división de poderes.

Enfatizó que en términos de lo dispuesto por la legislación local, corresponde a la administración pública, dependiente del gobernador del estado, la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, ejecución y control de las obras públicas en bienes inmuebles que sean parte del patrimonio inmobiliario del estado.

"Por lo tanto, esta resolución no tiene sustento legal porque el Poder Legislativo tiene otras atribuciones", dijo Ramírez Garrido al insistir en que los créditos aprobados por el Congreso del estado, forman parte del Decreto de Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal para el que fueron aprobados

Por lo que el crédito aprobado para el año 2013, sólo se puede justificar en el Presupuesto de Egresos del mismo año, por lo cual no existe ninguna facultad o atribución constitucional o legal para que el Poder Legislativo adquiera y construya el recinto que pretende.

"Como se aprecia el dictamen es ilegal y lo haremos valer y lo haremos saber", finalizó el mandatario estatal.