Filtran datos de auditoría contra Graco Ramírez: diputada

La presidenta del Congreso de Morelos dijo que la CMMC y el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal usaron información del reporte de auditoría para denunciar al gobernador ...

Morelos

Personal de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) y de la comisión de Hacienda del Congreso del estado de Morelos, extrajeron información bajo reserva y aún preliminar de auditoría, para filtrarla a los líderes sociales y organizaciones no gubernamentales que este miércoles denunciaron al gobernador de Morelos, Graco Ramírez por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades y peculado, y por el desvío de un crédito de casi tres mil millones de pesos.

Lucía Meza Guzmán, presidenta del Congreso del estado de Morelos, aseguró que la información que fue utilizada por la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos (CMMC) y el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal para acudir a la Procuraduría General de la República (PGR) a denunciar al mandatario, "está incompleta, no es oficial" y forma parte de un informe de auditoría que aún no es posible hacer público, aunque no negó que sea falsa.

La mañana de este miércoles, los representantes de ambas agrupaciones, José Antonio Ortega Sánchez y Gerardo Becerra Chávez Ita, denunciaron que el crédito por dos mil 800 millones de pesos, otorgado al gobernador Graco Ramírez vía el decreto 936, y publicado en el periódico Tierra y Libertad, debía ser utilizado para financiar inversión productiva, así como obra pública, "pero fue gastado en el pago de artistas como Emmanuel, Manuel Mijares, Julieta Venegas, la reconstrucción del estadio de futbol de Zacatepec, así como en el pago de quincenas atrasadas a la nómina magisterial y el pago de deuda contratada por el gobierno del PAN en el 2008".

Según en la exposición de Becerra y Ortega, las pruebas de su dicho se encuentran en el informe de auditoría de la ESAF del estado de Morelos, derivado de la indagatoria fiscal y contable realizada a dichos empréstito e impulsada por diputados del PAN y PRI, principalmente, que argumentaron una reiterada negativa del Ejecutivo estatal y de sus funcionarios a transparentar y compartir información de las inversiones realizadas con dicho préstamo, que elevó la deuda del estado hasta más de cinco mil millones de pesos.

Pese a la indicación de los diputados de realizar la indagatoria contable, esta no inició sino hasta un año después, lo que fortaleció las especulaciones y suspicacias de los opositores de Graco Ramírez.

Al respecto, Meza Guzmán reconoció que la auditoría a dicho crédito aún no concluye, en tanto que los legisladores están en espera del informe final para conocer los resultados y las observaciones derivadas, pero reiteró que la información que de esto derive, aún está bajo reserva por obligación legal.

"Es fundamental dejar en claro que los datos que se han revelado públicamente, constituyen una clara violación al precepto de secrecía en la auditoria en cuestión ya que no existe ningún pliego de observaciones concluido y por ende no se ha dado la oportunidad al ente auditado (Poder Ejecutivo) de contestar, aclarar y solventar las observaciones, es decir no se han agotado las etapas que marca la propia Ley de Auditoria del Estado para advertir que existen o no malos manejos o malversación de fondos públicos", agregó.

Por ello, abundó, llamó a los funcionarios de la ESAF y de las Comisiones Legislativas del Congreso (en el caso específico de la Comisión de Hacienda) a evitar las filtraciones de datos y documentos que violenten la secrecía de un proceso de esta naturaleza afectando con ello la marcha misma de este procedimiento de contraloría.

Aseguró que los legisladores no están contra el derecho a la información "sin embargo es prudente señalar que el artículo 33 del capítulo quinto del reglamento sobre la clasificación de la información pública de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales señala que "se puede clasificar información si se pone en riesgo los expedientes de juicios o procedimientos que no hayan causado estado o ejecutoria", de esta forma sí existen elementos jurídicos para advertir que del tema en cuestión deriven responsabilidades administrativas del funcionarios que incurrieron en la difusión de los datos a destiempo.

Finalmente la diputada de extracción perredista, aseguró que estos datos están siendo utilizado como un instrumento de ataque político-electoral contra gobierno por algunos grupos que solo buscan desestabilizar y aprovechar coyunturas mediáticas para tratar de confundir a la opinión publica en torno a un proceso de auditoría que subrayamos aún no concluye.