Existe cláusula para prorrogar estancia del GIEI: abogado

El vocero de los padres de los 43, Vidulfo Rosales Sierra, dijo que si abandonan el país, el movimiento volvería a las calles, lo que no conviene a nadie.
El abogado de los padres de los 43, Vidulfo Rosales Sierra.
El abogado de los padres de los 43, Vidulfo Rosales Sierra. (Rogelio Agustín)

Chilpancingo

De acuerdo con el abogado Vidulfo Rosales Sierra, existe una cláusula en el Convenio de Asistencia Técnica firmado entre el Estado Mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington Estados Unidos, que permite mantener a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes (GIEI) más allá del 30 de abril.

El martes 29 de marzo, el secretario de Gobernación federal, Miguel Ángel Osorio Chong manifestó que no se permitiría que los integrantes del GIEI permanezcan en la coadyuvancia con la Procuraduría General de la República (PGR) más allá del periodo de tiempo que se pactó en la sede de la CIDH, en el marco de las investigaciones que se realizan respecto a los hechos suscitados la noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala de la Independencia.

Eso implica, de acuerdo con Osorio Chong, que el GIEI continuará en la coadyuvancia con la unidad especial creada para el caso Iguala-Ayotzinapa hasta el último día del mes de abril, pero el primero de mayo dejarán de operar.

Vía telefónica, el abogado de los padres que buscan a los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra manifestó que lo declarado por Osorio Chong es una posición política del Gobierno Federal, pero aclaró que se trata solo de una posición desprovista de un análisis jurídico del Convenio de Asistencia Técnica, el cual se firmó en octubre de 2015 en Washinton D.C.

Explicó que hay una cláusula en el convenio, la número 10 que mantiene abierta la posibilidad de que la permanencia del GIEI se pueda prorrogar cuantas veces sea necesario, en tanto no se haya cumplido el objetivo para el que fue creado el grupo de expertos.

Indicó que antes de asumir una postura terminante se debe entrar a un análisis jurídico del convenio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que sea dicha institución la que convoque al Estado mexicano y los abogados de los padres, con la intención de buscar un consenso respecto a la prorroga del mandato.

Rosales Sierra manifestó que a los padres y sus abogados les genera preocupación que el secretario de Gobernación haya dado a conocer una postura en ese sentido, cuando el tema no se ha discutido.

En todo caso, dijo que la jornada del lunes 28 de marzo, los abogados de los 43 ya hicieron una petición formal a la CIDH para que la permanencia del GIEI se prorrogue por lo menos durante seis meses más.

Tras presentar la solicitud, dijo que se abrirá una etapa de revisión del convenio, por lo que abril será un mes en el que la discusión se intensifique.

"Nosotros observamos que hay la intención política del gobierno de cerrar este mecanismo de supervisión internacional, porque hay resistencia a dicha supervisión internacional, aunque es algo a lo que deben sujetarse todos los gobiernos democráticos", indicó.

Por esa razón, dijo que desde hace varias semanas se ha desatado una campaña encaminada a perjudicar la imagen y legitimidad de los integrantes del GIEI.

Sin embargo, anticipó que los padres y los organismos de derechos humanos que les respaldan van a caminar en la ruta jurídica, porque es la que dará un margen más importante de certeza sobre el asunto.

Recordó que la supervisión de la CIDH a través del GIEI respecto al Gobierno de México, es producto de la toma de medidas cautelares a favor de las víctimas de lo sucedido la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.

Dichas medidas derivaron en la firma del Convenio de Asistencia Técnica, que tomó como instrumento al GIEI para coadyuvar con las investigaciones que se realizan en torno al caso.

Por eso anotó: "Nosotros vemos difícil que haya una investigación sin el escrutinio internacional del grupo de especialistas independientes, porque ellos han sido un ente que ha mediado en los momentos de polarización entre el Gobierno y el movimiento".

Reconoció que la presencia del GIEI ha motivado que baje el nivel de la tensión social tras los hechos de Iguala, razón por la que su permanencia debe ser valorada profundamente.

Si la postura de que abandonen el país después del 30 de abril se mantiene, Rosales Sierra indicó que las implicaciones podría ser muy sensibles: "Habría un retroceso y eso empujaría al movimiento de los padres, así como al movimiento nacional a una tensión innecesaria, pues sacaría las protestas las calles y se retomaría la vía del activismo, lo que no conviene a nadie".