Exigen Policía Federal en Santa María del Mar

Realizarán protestas en el DF para ser recibidos en Segob; quieren recobrar libertad de tránsito.
Agentes municipales de Pueblo Viejo, Félix Oliver Castellanos; de Santa María del Mar, Tarcisio Jiménez, y Samuel Castellanos, por la parte comunal.
Agentes municipales de Pueblo Viejo, Félix Oliver Castellanos; de Santa María del Mar, Tarcisio Jiménez, y Samuel Castellanos, por la parte comunal. (Óscar Rodríguez)

Oaxaca

Habitantes del municipio indígena de Santa María del Mar, Oaxaca, que se encuentran sitiados, exigirán el uso de la fuerza pública federal para retirar y despejar el bloqueo que realizan los comuneros de San Mateo del Mar, quienes desde hace tres años los mantienen incomunicados.

Los inconformes presentaron ayer una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y realizarán protestas en el Distrito Federal para exigir una audiencia con el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, para recobrar su libertad de tránsito.

En su reclamo ante visitadores de derechos humanos, los quejosos sostienen que se ven obligados a cruzar a sus pueblos de origen en lanchas y canoas por el mar, en condiciones de riesgo permanente.

Urgen a que el gobierno federal intervenga para restablecer el libre derecho de tránsito de los habitantes de Santa María del Mar, además para que la Comisión Federal de Electricidad restablezca el servicio en la zona.

Exigieron que se realicen rondines y patrullajes policiacos y se desaloje al grupo de personas armadas que mantiene tomado y cerrado con cadenas el acceso al poblado.

Los lugareños encabezados por los agentes municipales de Pueblo Viejo, Félix Oliver Castellanos, y de Santa María del Mar, Tarsicio Jiménez José, denunciaron además que en los límites de ambas comunidades hay presencia de hombres armados ligados con el crimen organizado que asaltan e invaden zonas de conflicto agrario.

Destacó que desde hace tres años han ocurrido secuestros, torturas y muerte de habitantes de esa zona, sin que las autoridades estatales hayan mediado para evitar mayor confrontación.

Lo anterior, a pesar de la solicitud de atención de su gobierno, no obstante que existe una minuta firmada el 12 de diciembre de 2011, que ha sido ignorada por funcionarios estatales.

Acompañados del abogado Efraín Solano Linares, se quejaron de estar aislados y prácticamente secuestrados, porque sus vecinos tienen cerrada la única carretera de acceso.

Detallaron que en la minuta firmada por autoridades del gobierno de Oaxaca había compromisos para instalar una Base de Operaciones Mixtas en la zona y permitir el libre paso por la zona por vía terrestre, retirándose el bloqueo que mantienen habitantes de San Mateo contra la gente de Santa María.

Por ello, solicitaron la atención urgente al conflicto que se mantiene en la zona, antes de que haya violencia y sangre que después tengan que lamentar, y exigen la apertura del camino para garantizar el abastecimiento de víveres.

Es importante recordar que el conflicto entre los huaves de Santa María y San Mateo tiene varios años, pero recientemente la propuesta de proyectos eólicos y la inversión de millones de pesos agudizó las confrontaciones y la lucha por el control de espacios sagrados que se encuentran en el corredor eólico.


Expulsan a familia por cuota

Una familia fue desterrada y expulsada del poblado indígena de San Sebastián del Progreso por la asamblea comunitaria por negarse a cubrir la cuota de padres de familia de una escuela preescolar.

Para lograr el retorno intervino el presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert, quien anunció que se dictaron medidas cautelares a favor de las víctimas, demandándose la intervención de autoridades estatales para garantizar su integridad, ya que han sido amenazadas de muerte.

El ombudsman estatal  pidió a la Secretaría General de Gobierno que intervenga para reconciliar a los vecinos de la agencia municipal de San Sebastián del Progreso, en Huajuapan de León, con la familia expulsada.

 Ante la defensoría compareció la madre de familia afectada, quien señaló que su problema ha ido en aumento y que comenzó  por adeudos con el comité de padres de familia del jardín de niños Rafael Ramírez, en San Sebastián del Progreso.