Enfrenta ex gobernador de SLP otra investigación de la ASE

A cuatro años de que se inició la averiguación de la Cuenta Pública correspondiente al último año de la gestión de Marcelo de los Santos Fraga no ha concluido.

San Luis Potosí

El ex gobernador Marcelo de los Santos Fraga, sancionado por la Contraloría del estado con inhabilitación de 20 años para ocupar cargos públicos y multado con 7 mil 791 millones de pesos, tiene además un expediente abierto en la Auditoría Superior del Estado (ASE) por observaciones financieras a la cuenta pública 2009.

Como resultado de la revisión de la cuenta pública que corresponde al último año del sexenio del ex gobernador, la ASE inició una investigación que a cuatro años de haberse emprendido aún no ha concluido.

En junio de 2010, la ASE dio a conocer su informe final de auditoria a esa Cuenta Pública y realizó 226 observaciones cuantitativas, incluida la aplicación del crédito de mil 500 millones de pesos.

En ese sentido, la observación con número 112 relativa a ese crédito, identificó irregularidades en el ejercicio de 557 millones 252 mil pesos. “No se proporcionó evidencia que demuestre que estos pagos se destinaron al cumplimiento de obligaciones financieras en materia de inversión pública productiva, tal como lo indica el Decreto 819 de Autorización de Endeudamiento”, detalla el informe AEFG-2009.PE-CONS-POAF1 que contiene el pliego de observaciones.

Precisa además que “de acuerdo a los registros contables el saldo no aplicado al 25 de septiembre de 2009 por concepto del préstamo de mil 500 millones de pesos, es de 561 millones 976 mil pesos, mismo que no es posible identificar a cuales Ejes Estratégicos los aplicó la actual administración”.

Dicho informe final, dejo ver que el gobierno de Fernando Toranzo habría utilizado ese saldo no aplicado del crédito, por lo cual, el procedimiento administrativo ha incluido la comparecencia de funcionarios de la actual y de la anterior administración de gobierno.

Luego de que la Contraloría del estado anunció las sanciones al ex gobernador De Los Santos Fraga, la Auditoría Superior del Estado, a través de su titular, Héctor Mayorga Delgado, aclaró que se trata de un procedimiento distinto al que lleva la Auditoría.

Dijo que esa instancia está desahogando el procedimiento respecto de la Cuenta Pública 2009 y que en su momento determinará si existe alguna sanción. Aseguró que antes de que concluya el año se tendrán listas las conclusiones del procedimiento.

[b]Marcelo, el mejor gobernador de SLP: PAN[/b]

Por su parte, el Partido Acción Nacional dio su respaldo al gobernador y emplazó al gobierno de Fernando Toranzo Fernández a que se actúe con apego a la legalidad y no con intereses políticos.

Demandó que “se mida con la misma vara a todos” pues recordó que en la Procuraduría General de Justicia se encuentra desde febrero pasado, una denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado por el mal manejo de recursos públicos en el ayuntamiento de la capital por un monto superior a los mil 200 millones de pesos.

Esa denuncia corresponde a la administración 2009-2012 que encabezó la priísta Victoria Labastida Aguirre.

Josefina Salazar Báez, secretaria de Promoción Política de la Mujer del Comité Estatal del PAN, aseguró que Marcelo de los Santos ha sido el mejor gobernador que ha tenido San Luis Potosí. Las obras de infraestructura en el gobierno de Marcelo de los Santos ahí están, señaló.

[b]Ex funcionarios detenidos y luego liberados[/b]

Al arranque de la actual administración de Fernando Toranzo, se iniciaron procesos penales en contra de colaboradores de Marcelo de los Santos y al final, los juicios se cayeron.

Joel Azuara Robles, ex secretario de Finanzas y Humberto Picharra fueron detenidos y encarcelados en 2010 por presuntas irregularidades en la compra de un helicóptero para la Secretaría de Seguridad Pública. Tras un prolongado litigio, ambos consiguieron su libertad.

Luego, fue detenida y encarcelada, María Luisa Paulín Hernández, ex directora de Comunicación Social, por el presunto manejo irregular de recursos públicos en la contratación de paquetes de publicidad con medios de comunicación. También fue liberada por falta de pruebas.