Emite recomendación la DDHPO a municipio de Oaxaca

La autoridad del ayuntamiento indígena de San Juan Ozolotepec cerró un templo evangélico por no contar con el permiso correspondiente, además de ordenar la demolición del inmueble.

Oaxaca

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), emitió una recomendación en contra de las autoridades municipales del ayuntamiento indígena de San Juan Ozolotepec, por haber ordenado la clausura de un templo de una congregación religiosa pentecostés.

Según el expediente DDHPO/031 (13) Oaxaca/2013, las autoridades del referido poblado regido bajo el sistema de usos y costumbres incurrieron en violaciones graves a los derechos humanos a la ley federal y estatal de culto público.

Máxime cuando se atentó contra las garantías constitucionales de los integrantes de la Congregación Evangélica de la Iglesia Cristiana Independiente Pentecostés A.R.

La autoridad municipal del poblado solo ha dicho que determinó por decisión de su asamblea comunitaria clausurar el templo, porque no contaba con el permiso correspondiente, advirtiendo que en dicho poblado la única religión que se profesa es la católica.

Los quejosos refieren que además de determinarse la clausura del templo se ordenó también su demolición, reprochando que también la autoridad municipal les hayan asegurado de manera indebida dos camionetas.

En la recomendación se solicita al administrador municipal de San Juan Ozolotepec, que realice las acciones necesarias para que, previo los trámites administrativos y legales que correspondan, se pueda conceder a los agraviados, la licencia o permiso de construcción de su templo.

Además que evite causar actos de molestia en contra de los agraviados y demás integrantes de la Congregación.

Como una forma de reparar el daño causado a los agraviados, el organismo exhortó a las autoridades a permitir a los miembros de la comunidad evangélica todas y cada una de las actividades que de acuerdo a la normatividad interna de la comunidad les corresponda, con el debido respeto a su libertad de creencia religiosa y culto que profesan, además de que se les proporcionen todos los servicios administrativos y de justicia que esa administración municipal está obligada a brindar.

Para evitar que se repitan futuras afectaciones a la libertad religiosa, la Defensoría pidió que se inicie en esa comunidad, un proceso de formación en derechos humanos, donde se priorice la garantía de libertad religiosa y culto público, en el que incluya a servidores públicos del Ayuntamiento y sus Agencias Municipales, así como a la población en general.