Dan recomendación a PGJE por retraso en averiguación de SLP

La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la recomendación por la demora de más de cinco años en la integración de una averiguación previa por negligencia médica contra un menor.

San Luis Potosí

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí emitió una recomendación al procurador de justicia del estado, Miguel Ángel Covarrubias, por la demora de más de cinco años en la integración de una averiguación previa en la que se investigan presuntos hechos de negligencia médica en la intervención quirúrgica de un menor de edad.

En el caso se encontraron elementos que acreditaron la vulneración del derecho a la procuración de justicia contra la víctima y sus familiares, por actos de los agentes del Ministerio Público que han tenido bajo su responsabilidad la integración de esa indagatoria.

El menor intervenido quirúrgicamente y su padre solicitaron a la CEDH el 7 de agosto de 2013 la investigación sobre posibles violaciones a derechos humanos en relación con la integración de la averiguación previa iniciada desde el 19 de agosto de 2008, en la que denunció a los médicos que operaron a su hijo en el Hospital Central un año antes.

Los afectados denunciaron la demora injustificada en la integración y resolución de dicha indagatoria penal.

El quejoso precisó que durante el tiempo de la investigación ha estado en constante comunicación con los agentes del Ministerio Público a cargo de la indagatoria, proporcionando declaraciones, nombres de testigos, domicilios de los presuntos responsables, y constancias médicas para la efectiva integración de la averiguación previa.

La evidencia recabada acreditó que 21 de octubre de 2008, el Agente del Ministerio Público ordenó la práctica del certificado médico legal de lesiones a la víctima y en ese mismo mes obtuvo copias certificadas del expediente clínico del menor.

Las actuaciones realizadas desde el inicio de la averiguación previa fueron tendientes a conseguir la certificación del expediente médico de la víctima, tanto del Hospital Central como del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la Ciudad de México, donde fue atendido el niño, obtenidos el 22 de octubre de 2008 y 26 de febrero de 2010, respectivamente.

En este lapso no se advirtieron acciones efectivas para el debido esclarecimiento de los hechos, en particular sobre la presunta indebida práctica médica del personal del Hospital Central, desde octubre de 2008, pues el Representante Social conocía los nombres de los presuntos responsables, el expediente médico certificado, así como los nombres del personal médico que pudieran acudir en calidad de testigos.

Fue hasta el 11 de octubre de 2012, cuando se citó a los presuntos responsables, sin que acudieran. El 18 de octubre y 4 de diciembre del mismo año, se solicitó a la Policía Ministerial, localizara los domicilios de los médicos. Posteriormente en abril de 2013, la averiguación previa se turnó a la Unidad Especializada en Asuntos Relevantes de la citada Procuraduría de Justicia.

De acuerdo al conjunto de evidencias recabadas por la CEDH, la actuación de los agentes del Ministerio Público a cargo de la integración de la averiguación previa denotan tardanza injustificada al exceder del plazo razonable no sólo para determinar la indagatoria, sino también para obtener elementos que acrediten el tipo de delito que se investiga y la probable responsabilidad, lo que conlleva a la falta de una investigación efectiva de los hechos denunciados.

La evidencia advierte que los agentes del Ministerio Público a cargo de la indagatoria penal, desde el 19 de agosto de 2008 y hasta el mes de abril de 2014, incurrieron en omisiones que generaron inactividad procesal dentro de la investigación, por lo que hubo deficiencia en la recopilación de pruebas como peritajes, testimonios y declaraciones de los participantes en el suceso, que a más de cinco años de que se presentó la denuncia, la indagatoria aún se encuentra sin resolver.