Riesgo en Oaxaca de una desestabilización: DH

El ombudsman estatal, Arturo Peimbert, dijo que hay grupos políticos y caciques que pretenden romper con la paz social. 
El presidente de la Defensoría de Oaxaca durante su informe.
El presidente de la Defensoría de Oaxaca durante su informe. (Óscar Rodríguez)

Oaxaca

El presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, alerto sobre la presencia de grupos políticos y caciques que busca desestabilizar la paz social y el orden institucional en el estado.

Indicó que a estos grupos se suman, incluso, algunos servidores públicos que omitio mencionar mismos que pretenden descarrilar el proceso de alternancia y transición democrática logrado tras el derrocamiento del régimen priista en el 2010.

Acusó a los grupos de intentar recobrar antiguos fueros e imponer de nuevo a la sociedad el oscurantismo autoritario basado en la persecución, las desapariciones, el encarcelamiento y el asesinato por motivos políticos.

Peimbert Calvo recalcó que descarrilar la alternancia política y frenar la transición es impedir el avance de los derechos humanos, e implicaría un grave problema no sólo de gobernanza, sino también de seguridad, pues “se pone en riesgo la estabilidad del país”.

Dijo que estos grupos esta ligados con caciques, ex gobernadores e integrantes de organizaciones políticas y sociales son los mismos que en el 2006 causaron la revuelta social que dejo profundas heridas en Oaxaca que muchos queremos que no se repita.

Menciono que algunos de los intentos por causar un estallido social en Oaxaca se ha visto en su infiltración dentro del conflicto magisterial donde se ha provocado a las instituciones a razón de repetirse escenarios de represión.

“Dijo que estos grupos no están solo afectando el trabajo del gobernador, sino están dañando a la sociedad. Y por ello mi papel como defensor para visibilizar lo que está pasando y denunciarlo porque no queremos ser omisos.

“No quiero dar nombre de responsables, porque no es mi interés generar más encono, sino simplemente queremos que haya orden y paz social”.

Peimbert Calvo se ofreció incluso a fungir como mediador para darle cause al conflicto magisterial evitando que se siga contaminando, si es que hay voluntad de las partes en animo de garantizar el acuerdo, la paz y la estabilidad

Desde su opinión  si no se atienden todas las señales que se ven en prejuicio a los derechos humanos corremos el riesgo de enfrentarnos a escenarios de disolución social.

Dijo que es tiempo que de los grupos de presión se manifiesten pero respetando las medidas pacificas sin lastimar el derecho de terceros.

“El uso de la fuerza pública es legitimo cuando se agotan las oportunidades al dialogo, porque es claro que amparado en el derecho de libre manifestación hay grupos que cometen delitos que no se pueden tolerar y los reprobamos”

EL INFORME

El titular de la DDHPO rindió ante organismos no gubernamentales y sociales  su segundo informe anual de actividades en presencia también del gobernador Gabino Cué ante quienes denunció que  el segundo año de trabajo de la Defensoría, el estado estuvo inmerso en permanente conflictividad social que fue provocada en varios casos, los cuales derivaron en violencia, intentos por quebrantar la institucionalidad y violaciones a los derechos humanos, así como en el uso de la bandera de estos principios como recurso para minar el Estado de derecho.

Por ello hizo un  llamado a las y los  funcionarios progresistas, las organizaciones de la sociedad civil, los pueblos y comunidades indígenas a consolidar la alternancia y construir la transición. “Nuestro estandarte común es la defensa de la dignidad, y los derechos humanos son la divisa necesaria para arribar a la gobernanza y la transición”, señaló.

Convocó también a toda la ciudadanía para establecer un pacto comunitario por los derechos humanos y asumir a la Defensoría “como un espacio en el que de manera conjunta podemos frenar cualquier intento de regresión”, pues “no hay que olvidar que todos somos pasajeros en el mismo barco”.

Dijo que es necesario actualizar al personal en materia de derechos humanos, hacer funcional la operación de las defensorías especializadas y mejorar la atención a las víctimas, pero esto “será insuperable”, dijo,  si no hay un  aumento significativo de los recursos asignados al funcionamiento de la institución.

 Entre los logros de la institución en este segundo año, Arturo Peimbert destacó el hecho de que una instancia jurisdiccional reconsiderara su determinación con base en una perspectiva de derechos humanos sobre el caso de una menor que fue enviada temporalmente a un albergue para preservar su integridad. Reconoció en ese caso el papel de los medios de comunicación y la disposición del Poder Judicial del Estado.

Durante este periodo, dijo el Defensor, se fortalecieron acciones preventivas para el respeto de los derechos humanos mediante acciones de investigación, educación, promoción y difusión de los derechos de personas privadas de su libertad y con discapacidad.

Asimismo, informó que se creó el Centro Integral para la Prevención, Protección y Promoción de los Derechos Humanos, con lo que se incrementó en 70%  el patrimonio edificado por la Defensoría.

Peimbert Calvo dio a conocer que son precisamente las autoridades municipales las principales violadoras de los derechos humanos, y en segundo lugar se encuentra la Procuraduría de Justicia del Estado, seguida por  la Secretaría de Seguridad Pública, el IEEPO, el Tribunal Superior de Justicia del Estado y la Secretaría de Salud, que sumaron entre todas dos mil 571 expedientes de queja, que representan el 88% del total de reclamaciones recibidas en este año.