Presentan denuncia contra 11 magistrados de Querétaro y 3 federales

La Defensoría de los Derechos Humanos explicó que los funcionarios ordenaron un proceso de reposición de elección de dicho cargo.

Querétaro

El presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos, Miguel Nava, presentó una denuncia penal en contra de 11 magistrados del Poder Judicial local y tres del Federal, lo anterior, luego de que ordenaron un proceso de reposición de elección de dicho cargo.

Destacó en la víspera que se le violentaron sus derechos pues fue electo cumpliendo con los requisitos y en cambio se le avaló la queja de un particular que buscaba ese cargo pero que como tenía más de 60 años de edad no podía participar en dicha postulación.

La legislatura local, anunció que repondrá el procedimiento de elección pues así se ordenó por la federación y corren el riesgo de incurrir en un delito.

Los demandados son tres magistrados federales, así como de 11 locales, entre los que se incluye al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Septién Olivares debido a que durante la revisión existieron tres posicionamientos en el sentido de reponer el sistema de la elección del ombudsman del estado, entre los que se incluyen el de la magistrada Celia Maya, el pleno del Poder Judicial de Querétaro y el Tribunal Colegiado Federal.

Nava rechazó que se hayan violado los derechos de José Luis Pérez Guzmán y habló sobre irregularidades en la sentencia que ordena la reposición del procedimiento, mismo que incluso, señaló, fue interpuesto fuera de tiempo, por lo que no cumple con los requisitos legales.

Además, aseguró que la determinación que están buscando los poderes Judicial y Legislativo para generar un proceso de reposición es una estrategia política para retirarlo de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, pues sus resoluciones han generado incomodidad en la entidad.

De acuerdo a Miguel Nava, durante el tiempo que ha estado al frente de la defensoría, emitió observaciones y apercibimientos en contra de autoridades de diferentes entidades del estado, situación que incomodó a algunos actores de la política local.

El Ombudsman aseguró que independientemente del futuro que tenga la resolución en la defensoría, continuará trabajando para defender los derechos humanos, aunque ya no esté en el cargo, ya que su lucha es por vigilar e impulsar las garantías individuales.

En cuanto a las amenazas de muerte de las que ha sido objeto -una corona de flores y una carta dirigida a sus hijas-, descartó que se puedan atribuir a los poderes Judicial y Legislativo y afirmó que seguirá luchando hasta las últimas consecuencias.